RECTORES A LA ESPERA DEL RELEVO
Genaro Mosquera
Unos promedios de cinco años de
retraso tienen las universidades autónomas en la renovación de los cargos de
rectoría y decanatos. El TSJ trancó el juego desde 2011, cuando la Sala
Electoral y luego la Constitucional admitieron recursos que impidieron nuevas
elecciones. Y ahora el CNU designa los cargos vacantes sin respetar las
competencias de cada consejo universitario. Las autoridades de las casas de
estudios desean entregar el testigo, pero aseguran que seguirán al frente de
sus responsabilidades el tiempo que sea necesario para frenar los intentos del
gobierno de desconocer la autonomía universitaria
En el Rectorado de la Universidad
Central de Venezuela una pared muestra los rostros de los rectores que marcaron
la historia que la precede. La primera mujer rectora en 286 años, Cecilia
García-Arocha, llegó a esa oficina en mayo de 2008, luego de ser elegida por la
comunidad universitaria como principal autoridad. Y aunque desde junio de 2012
debió entregar el testigo, puesto que en la UCV no existe la figura de
reelección en el mismo cargo, ya cumple 2 períodos debido a una serie de
decisiones jurídicas y políticas.
El mismo escenario se repite en
los rectorados de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de los Andes, la
UNEXPO, la Universidad de Carabobo, la Universidad del Zulia, la Universidad de
Oriente, la Universidad Cent occidental Lisandro Alvarado y por consiguiente en
sus consejos directivos y decanatos.
Los cuatro cargos principales
–rector, vicerrector administrativo, vicerrector académico y secretario– se
deben renovar cada cuatro años y se eligen a través de la votación de los
miembros de la comunidad académica, regulados por una comisión electoral que
responde y organiza elecciones según los reglamentos internos de cada
universidad.
Pero el conflicto comenzó cuando
la Sala Electoral del TSJ decidió la suspensión de elecciones universitarias
hasta tanto las casas de estudio modificaran sus reglamentos electorales para
ajustarlos a la Ley Orgánica de Educación, promulgada en 2009. No obstante,
esta normativa tiene a su vez un recurso de nulidad admitido por la Sala
Constitucional porque contraviene el artículo 109 de la Constitución y el 10 de
la Ley de Universidades, así que, en la práctica, cualquier decisión tomada sin
el acuerdo de la comunidad universitaria representa una violación de su
autonomía.
Rita Añez, rectora de la UNEXPO y
presidente de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios desde el año
2004 hasta 2013, recuerda el inicio del proceso con el que debió lidiar. “En
2011 se iban a realizar las elecciones rectorales de 4 universidades autónomas
(UCV, UDO, ULA y LUZ) más 3 experimentales (UNEXPO, UCLA y UNET Táchira), pero
teníamos como precedente que en 2009 (pocos meses después de que se aprobara la
Ley Orgánica de Educación) se suspendieron las elecciones de decanos. Las
comisiones electorales estuvieron durante todo el año 2010 presentando recursos
ante tribunales para que se reanudaran los procesos electorales de cada
universidad”.
Añez señala que llegó 2011 con la
suspensión de las elecciones rectorales y a pesar de las 60 sentencias que
tenían para solicitar el reinicio de los procesos, la decisión de la Sala
Electoral fue obligar a las universidades a hacer un reglamento en 15 días.
Pero como la Ley de Educación violaba la Ley de Universidades y la
Constitución, la Sala Constitucional entró en el escenario para tratar de
dirimir el asunto. Entre amenazas de desacato y multas pasó 2012 sin decisión
de ninguna de las dos salas y de allí en adelante el TSJ dejó los procesos
electorales suspendidos en el aire.
El TSJ entró en el juego, pero no
movió las piezas y prohibió que otros lo hicieran. Debido a la falta de
respuesta de la Sala Electoral y la Sala Constitucional frente a los recursos
de nulidad admitidos, las autoridades se quedaron dónde estaban y casi una
década después, cuando el panorama parecía más trancado que nunca, el gobierno
hizo una jugada que desempolvó el tablero: ante la renuncia del vicerrector
académico de la USB, el ministro de Educación Universitaria, Hugbel Roa,
utilizó una sesión del Consejo Nacional de Universidades para omitir la
consulta interna que hizo esa comunidad académica, en la que resultó electo como
vicerrector Oscar González.
El rector de la USB, Enrique
Planchart, se enteró seis días antes de que se realizara el CNU que el ministro
postularía a un tercero: Luis Holder, quien terminó convirtiéndose en el
designado, según palabras del ministro Roa “por unanimidad”. En esa sesión no
se encontraban los otros 17 rectores de la Averu. Solo estaba Planchart, que
salvó su voto (lo que significa uno en contra). Holder ni siquiera es profesor
de la USB y viene de desempeñarse en el área gerencial de una universidad
militar.
Planchart considera que la acción
fue un ensayo, una avanzada para ver qué pasa en el resto de las universidades:
“El gobierno sabe que si va a elecciones las pierde todas. Están tratando de
tener más poder a través de decisiones de este estilo para intervenir las
universidades”.
Lo asegura porque un año antes se
había presentado una situación similar con la figura del vicerrector
administrativo de esa universidad, quien también renunció y sin embargo el CNU,
presidido por el entonces ministro Jorge Arreaza, respetó las razones y las
credenciales con las cuales Mariela Azzato había sido elegida y designada por
el Consejo Universitario de la USB, órgano que tiene la competencia para estos
casos.
Planchart explica que en el
reglamento de la USB se establece que, en ausencia absoluta de algún miembro de
sus autoridades, el CNU puede designar temporalmente a alguien por un período
de hasta 180 días, si el consejo directivo no tuviera candidatos. “Pero este no
era el caso. La designación de Oscar González fue el resultado de una votación
en la que participaron la asociación de profesores, la federación de centros
estudiantiles y la asociación de egresados. Ellos decidieron entre dos opciones
que el profesor González fuera la persona designada y aun así en el CNU se
ignoró por completo una elección validada por la comunidad universitaria”. La
reacción no se hizo esperar. Dos meses después, los estudiantes y docentes
todavía desconocen la designación de Holder, protestaron su presencia y hasta
trataron de impedir su entrada en la universidad. “Pero esta designación vino
acompañada de amenazas del viceministro (Andrés Eloy Ruiz) de que iba a
demandar al consejo directivo ante el TSJ para que nos declararan en desacato.
Incluso nos dijo que si era necesario utilizaría la fuerza de seguridad”,
señala Planchart.
La percepción de Daniel Ascanio,
presidente de la Federación de Centros Estudiantiles de la USB, es que esto
ocurrió porque se han propuesto entorpecer los procesos de renovación en cada
universidad en la que no hay asociaciones o gremios afectos al gobierno, y
cuando no les funciona, recurren al TSJ. “Quieren sentar un precedente para
intervenir la universidad, pero nosotros lo desconocemos. Este funcionario
puede estar sentado en una oficina; sin embargo, en la práctica no es nuestro
vicerrector académico”.
El precedente que mencionan tanto
Planchart como Ascanio tiene una segunda parte. Hace un mes el rector de la
UCLA, Francesco Leone, falleció y tal como establece el reglamento de esa
universidad, ante la ausencia absoluta se debe convocar a elecciones de
inmediato. El consejo directivo nombró como rectora interina a Nelly Velásquez
porque el proceso electoral sigue en el limbo jurídico. Pero de nuevo, en el
Consejo Nacional de Universidades que se realizó el 26 de septiembre, los
miembros de la Asociación de Rectores Bolivarianos solicitaron que se incluyera
en la agenda la discusión del caso de la UCLA.
De acuerdo con el artículo 33 del
reglamento del CNU, no se puede abrir la discusión de un punto de agenda si no
está presente la representación de esa universidad, como ocurrió en esta
ocasión en la que no se encontraba la rectora designada. Pero mientras se
celebraba la sesión el ministro, a través de su cuenta de Twitter @hugbelpsuv,
adelantó: “El único órgano facultado para designar autoridades en el caso de la
UCLA es el #CNU”.
La Averu volvió a denunciar la
intención de intervenir la autonomía. La rectora de la UCV y presidenta de la
asociación advirtió que estas designaciones son competencia de los consejos
universitarios de cada casa de estudios y fue enfática al decir que no confía
en el CNU como instancia. “Creo en la alternabilidad democrática y que la única
vía para transformaciones es el voto. Pero esto responde a políticas de gobierno,
de unas personas que tienen casi 20 años gobernando, las mismas caras, la misma
gente ocupando cargos porque no creen en la renovación”, señaló García Arocha.
El caso de la UCLA no fue el
primero: en diciembre de 2015 falleció el secretario de la Universidad de
Oriente, Juan Bolaños Curvelo; y en julio de 2016 la vicerrectora
administrativa de LUZ, María Guadalupe Núñez.
Voto igualitario vs designación a
dedo. Todo empezó con el 1x1. La Ley de Educación establece que las elecciones
universitarias deben realizarse en proporción igualitaria para profesores,
estudiantes, empleados y obreros, a pesar de que la Ley de Universidades
estipula que los reglamentos son diseñados y normados con autonomía por cada
consejo universitario.
Mario Bonucci, abogado y rector
de la ULA, explica que la universidad es una estructura académica y no se puede
equiparar a un sistema nacional de votantes. “¿Por qué en la Fuerza Armada no
se establece este mismo sistema? ¿Acaso un profesor puede votar en las
elecciones del sindicato de obreros?”, cuestiona y precisa que hay condiciones
que tomar en cuenta como el voto estudiantil, pues muchos jóvenes llegan a la
universidad siendo menores de edad.
Bonucci coincide con la visión de
García Arocha, Planchart, Añez y Jessy Divo, esta última rectora de la
Universidad de Carabobo, quienes explican que están dispuestos a revisar y
modificar los reglamentos siempre que se respete la configuración natural del
claustro académico.
“En este caso el espíritu del
legislador no pretende ser participativo y democrático porque hay categorías de
trabajadores; es como si nosotros fuéramos a votar en elecciones de empleados.
Cada uno tiene su configuración y los gremios tienen la potestad de decidir sus
reglamentos. No se trata de imponer autoridades por las buenas o por las
malas”, precisa Divo.
La rectora señala que esto
refleja una política intervencionista desde el Estado y lo ejemplifica con
situaciones similares que enfrentan los colegios profesionales, federaciones,
sindicatos y otros gremios que tampoco han podido realizar elecciones por
suspensiones u objeciones que no se resuelven institucionalmente. “Cuando no es
el TSJ lo hacen a través del CNE, que pone obstáculos y retrasa los procesos.
Juegan al desgaste, al cansancio, a la renuncia y a la inestabilidad en las
instituciones”, dice Divo.
Bonucci es aún más gráfico al
explicar la situación: “Están esperando como aves de rapiña que las autoridades
se mueran o renuncien porque saben que por la vía electoral y democrática jamás
podrían representar a la universidad”.
Por eso argumenta que el voto
igualitario debe aplicar para todos. “Hay que ir a elecciones, pero también las
universidades bolivarianas que no prevén procesos electorales y sus autoridades
son designadas a dedo por el ministro de turno”, afirma el rector de la ULA y
agrega que la suspensión de las elecciones es “un secuestro político de la
democracia universitaria”.
Gobiernos estudiantiles. Pero no
solo los rectores han tenido que luchar por la defensa del voto. La
representación estudiantil también se ha enfrentado a amenazas, suspensiones de
última hora e incluso agresiones para evitar que concreten sus elecciones como
gobierno y cogobierno estudiantil.
El 14 de febrero de 2016 el TSJ
admitió un recurso de amparo presentado por cuatro estudiantes de la UCV que
denunciaban que habían sido excluidos del registro electoral y por tanto
ordenaba suspender las elecciones de cogobierno para el período 2017-2018 de la
Federación de Centros Universitarios previstas para el viernes 17 de febrero.
La sentencia emitida por el TSJ
señalaba que “muchos estudiantes, tanto regulares como nuevos ingresos, fueron
excluidos del mismo, cuyo cronograma de inscripción en las respetivas escuelas
les asignó fecha de inscripción cuando ya los procesos de impugnación y
registro en el padrón electoral habían sido cerrados, negándoles la posibilidad
de participar en el proceso electoral, y poder elegir sus representantes
estudiantiles, incluso violándoles la posibilidad de poder participar como
candidatos en el mismo proceso”. El TSJ utilizó el mismo recurso de citar a los
representantes del Consejo Universitario y a la comisión electoral, pero además
les notificó el inicio de un procedimiento ante el Ministerio Público.
Los ucevistas lograron realizar
la elección porque la comisión electoral que los regula no es la misma que
norma el proceso de autoridades, solo coinciden para los candidatos a
cogobierno, es decir, la representación estudiantil que va al Consejo
Universitario.
Una situación similar amenazaba las
elecciones de la Federación de Centros Estudiantiles en la USB. La votación
realizada el 16 de junio de 2016 enfrentaba el mismo obstáculo para elegir el
cogobierno porque se rige con la comisión electoral de las autoridades que está
inhabilitada. Daniel Ascanio, quien resultó elegido para el período 2016-2017,
explica que no han podido hacer elecciones desde 2013, a pesar de que esos
cargos son representaciones muy importantes porque son la voz de los
estudiantes dentro del Consejo Universitario.
“Explicamos a nuestros compañeros
que desconocen la sentencia que no es un problema de la universidad, sino del
TSJ. En la USB designamos a esos representantes a través del directorio, porque
allí se concentra la representación de todas las carreras. Los estudiantes
tenemos que defender nuestra participación en las decisiones de cogobierno”,
señala Ascanio.
En la Universidad de Carabobo
también se declararon en desconocimiento de la sentencia del TSJ y se amparan
en la Constitución para concretar las elecciones estudiantiles. El presidente
de la FCU, Iván Uzcátegui, declaró en febrero de 2017 que habían introducido
cuatro recursos ante el TSJ para pedir que se permitieran las elecciones como
en el resto de las universidades, y que habían convocado a cinco procesos
electorales que fueron suspendidos por la vía judicial y en otros casos a
través de agresiones durante los procesos.
El presidente de la FCE-USB tiene
su visión sobre la implementación del 1x1, la representación igualitaria que el
TSJ defiende en nombre del estudiantado y los trabajadores: “No estamos
cerrados a modificar el reglamento, pero ese debate se tiene que dar dentro de
las universidades, no en el CNU donde no tenemos representación”.
Y en pro de la igualdad, Ascanio
recuerda que la exigencia no debe ser solo para las elecciones rectorales sino
para todos los gremios que integran la comunidad universitaria y menciona el
caso de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de la
Universidad Simón Bolívar: “El presidente de ese sindicato tiene 13 años en el
cargo y cada vez que los trabajadores exigen elecciones las paralizan, en este
caso a través del CNE. Cada vez que hay convocatoria algo ocurre, invalidan a
los candidatos o se presenta cualquier obstáculo. La renovación tiene que ser
en todos los sectores”.
25 agosto, 2018
