El capital humano universitario, insumo fundamental para la refundación y reinstitucionalización de Venezuela, está diezmado como consecuencia directa de la crisis inducida por un modelo de gobierno con aproximación marcada hacia los esquemas autoritarios producto de la ilusión socialista a la cual se le quiere dar apariencia democrática. Frente a la gran complejidad de la educación superior, con una fuerza docente debilitada y menguado interés estudiantil, la comunidad universitaria protesta de manera generalizada frente la situación de crisis y revela su aspiración de refundar la universidad, de producir un nuevo modelo, actuando, dentro de un escenario adverso con la premisa de que nada será posible con este modelo de gobernanza y la única posibilidad de refundar a futuro el sistema universitario es con un cambio de modelo político.
Al menos esa aspiración tiene que ser desarrollada
mientras el régimen despliega su ilimitada gobernanza, por tanto, la fuerza
académica debe preparar un proyecto de cambio y transformación universitaria
aprovechando el tiempo, diseñar estrategias para crear la nueva universidad una
vez que se logre cambiar el modelo político que agobia al país.
Proyecto que debe dar respuesta a una serie de
interrogantes, entre ellas: ¿cómo resolver el tema de un centenar de
universidades que no son tales?, ¿cómo reconstruir el sistema universitario?,
¿qué hacer para reconducir a cientos de miles de profesionales mal formados y
adaptarlos a las competencias del mundo actual?, ¿cómo resolver el tema de la
proliferación de planes de estudio sin pertinencia? y, ¿cómo retomar la
investigación y reconstruir el tejido académico? Las respuestas son complejas
frente a un mundo universitario que está cambiando de manera global; la
realidad es que muchos jóvenes no quieren ser universitarios, sino simplemente
trabajadores por cuenta propia o entrenarse lo más rápido que se pueda con
habilidades focalizadas hacia la coyuntura laboral.
Es necesario formular un proyecto de investigación
que ponga sobre la mesa con mucha claridad los parámetros fundamentales para la
transformación universitaria. Es el momento de estudiar el problema que dé
respuesta a una nueva universidad no solo desde el punto de vista
organizacional, sino funcional, académica, de cambios legales y reglamentarios,
financiera, administrativa, y estructural. El futuro se modela bajo ciertos
niveles de incertidumbre frente a la realidad del hecho de que la población y
sus aspiraciones siguen en crecimiento y no desea volver a los mismos esquemas
pasados.
Es necesario una reflexión sobre la situación, la
cual tiene un impacto social formidable, que permita examinar detalladamente
las raíces del problema vinculado con el entorno global, pero centrado en el
país, en sus entidades federales y en su estructura educativa, que permita
plantear la factibilidad educativa, financiera, curricular y de pertinencia de
sus objetivos, metas, valores, autonomía, cultura, y señale las bases para
la reconstrucción de su infraestructura, los aspectos financieros,
pérdida de la libertad académica y el deterioro de su misión.
Considerando los elementos anteriores, la propuesta
de investigación tiene varias fases: reunir a un «task forcé” acreditado
y de gran experiencia para llevar a cabo su vinculación con un gobierno de
emergencia que favorezca el proyecto y sirva de enlace con entes financiadores
para estimular a un anillo de consultores altamente especializados y de gran
experiencia académica, profesional, política y empresarial que formule los
planes sectoriales, diseñe las estrategias de investigación, los planes
operativos sustentados en un estudio económico financiero general con la
pertinencia educativa, demográfica, académica, y de contenidos, desarrollada en
varias fases en un periodo de dos años que es el tiempo que se estima para su
culminación.
Mientras tanto, la resistencia continúa, y a corto
plazo se debe combatir la intervención universitaria, muy especialmente la
amenaza, ya no de que se nombren autoridades universitarias a militantes
políticos del régimen, sino que, usando la vieja práctica de simular
legitimidad, la usurpadora Asamblea tiene listo un proyecto de ley de
universidades cuyo contenido, misión y objetivos son formalizar la
intervención, la cual vincula intencionalmente la gestión universitaria con las
comunas como estrategia organizacional. Hace penetrar deliberadamente a
activistas comunales en las universidades con los propósitos de contribuir a
instalar oficialmente el socialismo bajo el argumento de perfeccionar el
sistema democrático justificándolo con la supuesta construcción de una sociedad
igualitaria, no con fines de desarrollo, sino de control político, modelando
formas de conducta mediante la cual se crean programas argumentadas para
combatir a la sociedad capitalista señalada como responsable según ellos de
todos los males sociales.
El proyecto de ley presenta argumentos que la
desvirtúan totalmente a la educación superior, incluso, violando claramente la
Constitución, y crean un nuevo tipo de universidad; la universidad de gestión
popular dirigida por las comunas y cooperativas, cogestionadas por funcionarios
del Estado, militantes del partido de gobierno en un entorno de gran
inflexibilidad curricular y pérdida de autonomía.
Este Consejo Nacional de Universidades se convierte
en una gran asamblea, en efecto, no solo la integran el ministro,
viceministros, representantes del Ejecutivo y coordinadores territoriales, sino
que participan los rectores de las universidades oficiales, todos los
directivos de institutos universitarios que son virtualmente numerosos.
Restringe a tres los rectores de universidades privadas e incorporan a voceros
estudiantiles ya no solo de las universidades oficiales sino de las populares,
uno de las privadas, voceros de los trabajadores académicos universitarios,
trabajadores administrativos, obreros y de las organizaciones populares.
La Asamblea Universitaria prevista en el proyecto
de ley sustituye al Claustro Universitario, la cual tendrá una asociación como
órgano legislativo, encargado de ejercer funciones normativas; está integrado
de igual manera por todos los sectores, todos con derecho a votar en las
elecciones universitarias regimentadas por el gobierno. Es un cuerpo amorfo de
dirección, con las manos sujetas por reglamentos e integración de sus unidades
organizativas, manejadas por una Asamblea Legislativa, en otras palabras, las
autoridades universitarias serán simbólicas.
Es hora que a este peligro sea enfrentado, de
apartar a lo no comprometidos, a politiqueros, aprovechadores e incompetentes
que desvirtúen los objetivos democráticos de la universidad. Necesitamos que la
sociedad civil y un gobierno de transición convertido en Consejo de Gobierno
Colegiado asuma a la universidad como problema propio y deje de ser espectador
de la muerte lenta de una organización que contribuyó por siglos y
decisivamente con la libertad y la democracia venezolana. Hay que defender la
universidad con todas las fuerzas posibles y sacudir las pretensiones
oficiales.
No a esa ley de educación universitaria. No a la
intervención. Elijamos a nuestras autoridades preservando la autonomía, es un
deber, es una necesidad de ser universitario. Todos contra la intervención de
la universidad venezolana y es hora de prepáranos para la universidad del futuro.
