TRANSFORMACION
UNIVERSITARIA, OBSTÁCULOS REGLAMENTARIOS
Genaro
Mosquera
La
estructura legal que reglamenta el sistema universitario está caracterizada por
un exceso de normativas estatutarias que la hace rígida e inflexible, lo cual
introduce restricciones importantes para lograr optimizar las estructuras
organizativas, el desarrollo, el mejoramiento continuo y por tanto permitir la
creación de nuevas estructuras y programas. Así mismo, introduce elementos
contradictorios en la gerencia universitaria haciéndolos enfrentar los conflictos de intereses con su base legislativa y de la
administración de los procesos dentro de la institución. Es evidente ese conflicto entre un organismo
de política universitaria como lo es el Consejo Universitario, definidor de
políticas, de control y evaluador el cual está integrado en buena medida por
órganos ejecutivos como son los decanatos de la universidad; esta contradicción
convierte a sus actores en ejecutores y evaluadores de su propia gestión al
mismo tiempo. Esta situación requiere entonces una revisión estructural
importante y la definición de un esquema organizacional más moderno acorde a la
funcionalidad universitaria.
Es indispensable la promulgación de una Ley de
Educación Superior enmarcada en una Ley Orgánica de Educación, que actualice y
armonice las disposiciones jurídicas requeridas para desarrollar los principios
constitucionales e incorporar los cambios propuestos. Se han citado sólo algunos de los temas que
probablemente son los más relevantes obstáculos para demostrar los problemas de
gobernabilidad de las instituciones universitarias venezolanas.
El conjunto de variables indicadas pone de
manifiesto la necesidad de cambiar las orientaciones de la gobernabilidad en
las instituciones universitarias y de concebir estructuras organizacionales más
flexibles que permitan enfrentar los retos educacionales del futuro. La educación superior tiene
importancia capital dada la circunstancia que toda la actividad de
modernización y desarrollo requiere de alta competencia, de liderazgo y
conocimientos tecnológicos. En este sentido, se requiere que la fuerza magisterial
y sus entes de investigación y desarrollo profundicen su contribución a las
demandas internas, sin perder de vista los marcos y entornos sociales mediante
la formulación proyectos de educación de alta calidad.
En referencia a este planteamiento, el mismo conduce a
reconocer la necesidad nacional de superar los obstáculos mediante una revisión
integral ya no solo de la Ley de Universidades, sino de su estatuto orgánico,
reglamentos e instructivos internos sustentados en una evaluación previa. La
necesidad de evaluar a las instituciones se hace imprescindible a objeto de
instrumentar cambios importantes a mediano y corto plazo y así perfeccionar la
consecución de las metas de cada institución y lograr un mejor aprovechamiento
estratégico de los recursos dentro de conceptos más claros de pertinencia
profesional y social soportados por una reglamentación flexible y eficiente de
la burocracia universitaria.
Es
quizás en la Educación Superior donde los conceptos de calidad se usen de forma
indiscriminada en relación con una diversidad de situaciones tales como: planes
de calidad, enseñanza de calidad, estudiantes de calidad y excelencia entre
otros. Actualmente, la Educación Superior preocupa a todos los niveles de la
sociedad, porque asocian a la calidad con efectividad, eficiencia,
productividad y pertinencia. La universidad a pesar de contener una serie de
reglamentos sobre el tema de la necesaria calidad su principal elemento está
centrado en procesos de evaluación y acreditación no se aplican en la práctica,
no obstante, algunas universidades preparan estrategias orientadas hacia afuera
para mejorar los indicadores que toman en cuenta los centros de clasificación o
de “ranking” universitarios para al menos, colocarse en una lista de
observadores externos para dar
demostraciones de competencia regional o nacional.
Como
el Estado tiene la suprema responsabilidad de inspección y vigilancia, las
Leyes deben definir las opciones políticas fundamentales y el ejecutivo nacional
dentro de un modelo democrático y como máxima autoridad de la gobernanza de un
país debe ejercer sus atribuciones a través de políticas que fortalezcan la
autonomía y el quehacer de la universidad no impedirlas reglamentariamente, o
incluso, por la fuerza de decretos, y debe procurar su desarrollo sin obstrucciones normativas o reglamentarias.
Este
enfoque reafirma la autonomía y el concepto de libertad que ella lleva
implícito al señalar que la inspección y vigilancia ha de ejercerse con respeto
a la Constitución. Dentro de esas premisas encuentra sustento el Sistema de
Evaluación y Acreditación como forma democrática y participativa de
inspeccionar a las instituciones con objetividad, sin interferencias de
oficinas auxiliares que no vulneren el concepto de autonomía. Pero todo parte, del
desarrollo de un proceso interno de auto evaluación para pasar u otros niveles
evaluativos y de acreditación.
En
resumen, la universidad venezolana sin restricción de su categoría, y esperamos
que la Universidad Central de Venezuela inicie como institución rectora ir a un
proceso de autoevaluación, y evaluación de sus niveles organizacionales,
regionales, de internacionalización, y de estructuras académicas y
administrativas donde sus objetivos deben ser formulados tomando en cuenta su
visión y misión contenidos en sus estatutos orgánicos deriven hacia una
reglamentación general que tipifique actividades y tareas de manera dinámica,
es decir, evaluables permanentemente y que permitan adecuarlas a su desarrollo.
Es un primer paso, absolutamente necesario cuyas políticas deben ser formuladas
y consideradas por las autoridades universitarias en los procesos de
transformación universitaria.
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