El
problema del financiamiento universitario continúa siendo un instrumento de
carácter político en el marco de las decisiones gubernamentales frente al
concepto de inversión nacional a largo plazo. El Estado es responsable de
asumir la principal responsabilidad de financiamiento de las instituciones
universitarias para cumplir con el mandato constitucional complementado con una
política de financiamiento y el establecimiento de políticas universitarias
complementarias de financiamiento propio en cooperación con los sectores
productivos.
Es
necesario diseñar una estrategia política destinada a eliminar la práctica
reiterada del gobierno nacional de aprobar los recursos económicos
condicionados a restricciones importantes tales como: tramitar presupuestos
insuficientes, manipular las asignaciones regulares y entregar los recursos en
función de intereses particulares, causando perjuicios a las operaciones
universitarias.
Históricamente
el presupuesto requerido por las universidades se aproxima a una cifra
equivalente a un seis por ciento (6%) que ahora no llega ni al 2% del
presupuesto nacional. Tradicionalmente
hubo una política definida e incluso de varios periodos presidenciales a través
del Ejecutivo Nacional consistente en aprobar presupuestos insuficientes o no
equilibrados y luego usar la fórmula de créditos adicionales concedidos en
función del nivel de colaboración con los órganos oficiales los cual ha
limitado la actuación operacional de las universidades y se producen tensiones
universitarias y sociales indeseables.
Los diferentes gobiernos
han manejado el financiamiento como una válvula de control de la gestión
universitaria para obligarla a seguir líneas de política oficial y evitar las
confrontaciones y críticas a los gobiernos de turno. Aun así, desde su liberación
autonómica en 1958 el presupuesto universitario dio para todo, movimientos
socialistas se enquistaron en facultades, crecieron y fueron financiados por el
presupuesto hasta el punto que sin lugar a dudas la universidad creo un
“ministerio particular” de quienes lograron penetrar la burocracia
universitaria y muchas autoridades fueron de esa tendencia, rectores de esas
agrupaciones fueron críticos y opositores formidables contra los gobiernos
democráticos. Con el cambio de gobierno
de 1999 muchos de ellos fueron a formar parte del gobierno de Chávez Frías y
profundizaron la política de restricción universitaria. La asfixia
presupuestaria se estableció oficialmente en 2005 cuando el gobierno de Chávez
decretó que ya no concertaría el presupuesto con las universidades, como se
venía haciendo y fue sustituida por estrategias de centralización, apoderamiento
económico, administrativo y académico de las universidades.
Los primeros recortes mayores comenzaron en 2008,
cuando el entonces Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
aplicó la conocida reconducción presupuestaria que es más que aplicar el
presupuesto precedente sin tomar en cuenta su natural crecimiento como
consecuencia de la hiperinflación indetenible. La asfixia se mantiene hasta la
actualidad y se ha asignado menos del presupuesto que solicitaron cuyos fondos
se reciben incompletos y retrasos considerables con los efectos operativos que
ello implica. Los recursos adicionales asignados después de muchos ruegos y
concesiones han sido centralizados por el ministerio para administrarlos a su
saber y entender, sin regulación alguna violando la autonomía administrativa de
las universidades viéndose estas en la necesidad de recortar o no poder atender
los gastos de funcionamiento y mantenimiento. Hasta la actualidad, 61 centros
educativos, entre universidades e institutos universitarios, son controlados
totalmente por el gobierno, sin ningún tipo de autonomía.
Las seis universidades
autónomas y las cuatro experimentales que no controla totalmente el gobierno
han tenido que cerrar laboratorios, aulas y otros espacios por la falta de
presupuesto para mantenerlos Entre 2014 y 2022 la nómina del personal docente
se redujo 30% en la Universidad Central de Venezuela y más de 60% en la
Universidad Simón Bolívar, según estimaciones de sus autoridades. La más
reciente decisión del gobierno contra la autonomía universitaria fue que las
nóminas, desde marzo de 2021, se pagaran a través de la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU), quitándole esta competencia a
las universidades que por ley son las empleadoras.
Es
necesario considerar el problema del personal jubilado y su significativa
contribución al presupuesto universitario mediante un sistema de protección
social que prevea las futuras jubilaciones y pensiones, así como la sustitución
de los recursos humanos en el seno de las universidades, ello conlleva a la
evaluación de los recursos contributivos que por años sustentaron a los fondos
de pensiones y jubilaciones cuyas condiciones legales reglamentarias no han
sido respetadas, incluso secuestradas en un desvió irregular de importantes de
recursos cuya aplicación no está nada clara.
La
ejecución del gasto universitario articulado a controles modernos de gestión
basados en evaluaciones objetivas debe ser hechos del conocimiento no solo
institucionales sino también del dominio público. Realizar una reforma y
revisión integral del sistema universitario a objeto de optimizarlo, evitar la
duplicación del gasto y tender a racionalizar el crecimiento y unificación en
cada entidad federal. Se impone dentro de este gran obstáculo una visión
pragmática más sólida en defensa del financiamiento universitario, exigir el
cumplimiento de las previsiones internacionales de las partidas
presupuestarias, sino incluso prever los gastos operativos y de mantenimiento
en instalaciones que por lo general son grandiosas, incluso Patrimonio Mundial
de la Humanidad como es el caso de la UCV. Ello implica el uso de nuevas
fuentes de financiamiento y de gestión empresarial para la gestión de las
investigaciones, proyectos, centros de salud y deportivas con criterios
empresariales cuyos beneficios sean revertidos al desarrollo de la
investigación y de la propia universidad.
Es necesario destacar, que la
ausencia de un fin lucrativo en las universidades públicas aplicando el
derecho de la educación gratuita no
significa que no se aborde la gestión empresarial y que los particulares no inviertan en educación, y
que no consuman su inversión o patrimonio, por el contrario, la cabal
consecución y la satisfacción de la finalidad asignada a las personas naturales
o jurídicas debe imponer una conducta de conservación, mejora e incremento de
los bienes y rentas, rescatar a largo plazo su inversión, reinvertir en el
desarrollo de su entidad, mejorar y optimizar la educación que imparten y que
por supuesto, pueden realizar actividades lucrativas complementarias tales como
las puramente comerciales, pero es claro, no como primordiales, sino como
instrumentales y derivadas, en función de asegurar la gestión que permita el
logro de las finalidades altruistas de la educación.
La inversión privada llevada a
cabo por particulares en la educación universitaria es considerable tomando en
cuenta que su infraestructura cubre más del veinticinco por ciento (25%) de la
matricula nacional con indicadores de calidad satisfactorios en la mayor parte
de ellos y con una contribución al producto nacional importante. Esta
actividad, no puede ser obviada, amparada por el equivocado cliché que elude la
discusión inteligente, señalando a los promotores privados como mercantilistas,
en una suerte de usureros o de oligarcas de la educación. Hasta ahora, salvo
contadas excepciones, las universidades privadas han sido sometidos a todo tipo
de permisos innecesarios, a presiones por parte del Ministerio de Educación
Universitaria, y a un régimen absurdo de controles de precios, según el cual
los empresarios de esta actividad tan noble y necesaria,
Es
bien conocido a nivel estadal la dispersión de centros universitarios que
incluso compiten no solo por los recursos sino que incluso por la misma
matricula y personal docente y de investigación, en consecuencia se plantea la
necesidad que dentro del proceso de cambio del sistema universitario se elabore
un proyecto de construcción de la Universidad de la entidad estadal
correspondiente, concentrando recursos humanos, materiales, planes académicos y
los esfuerzos para el desarrollo de la investigación regional descentralizada
los cuales actualmente están diseminados en cada entidad federal con cientos de
universidades de diversa categoría tales como universidades territoriales,
aldeas universitarias, tecnológicos que ahora son universidades y otras
modalidades como la misión Sucre, etc., Este efecto no solo hace que el
presupuesto deba atender a más de un centenar de nuevas universidades
improvisadas y sin calidad y que paradójicamente se agrupan geográficamente en
localidades donde no tienen demanda, o simplemente que hay más de media docena
de universidades públicas en una misma ciudad con ofertas profesionales
similares con restricciones de personal docente y ausencia de estudiantes.
Es
bien conocido que la fragmentación y crecimiento del sector universitario a
nivel regional ha determinado la creación y funcionamiento de universidades
oficiales con programas repetidos, competencia de recursos, creación de
instalaciones precarias y aprovechamiento del recurso humano repetitivo y
costoso. Atendiendo a principios de desarrollo organizacional y de la
descentralización es necesario dotar de mayor agilidad y eficiencia administrativa a las diversas
instituciones y núcleos que funcionan en los estados federales, estas deberían
integrarse en un sistema que facilite el intercambio de recursos entre las
diversas instituciones, la cooperación, la realización de esfuerzos
compartidos, la movilidad estudiantil y profesoral y la integración y el uso
compartido de espacios y de capacidades a los fines de constituir una red
regional universitaria.
CONCLUSIONES
Responsabilidad Estatal: El Estado tiene la responsabilidad
primordial de financiar las instituciones universitarias. Esto se deriva del
mandato constitucional y se complementa con políticas de financiamiento.
Además, se busca establecer políticas universitarias en cooperación con los
sectores productivos.
- Prácticas
Problemáticas: El gobierno
nacional ha aprobado recursos económicos condicionados a restricciones
importantes. Estas prácticas incluyen tramitar presupuestos insuficientes,
manipular asignaciones regulares y entregar recursos basados en intereses
particulares. Estas acciones afectan negativamente las operaciones
universitarias.
- Presupuesto
Insuficiente: A lo
largo de la historia, el presupuesto necesario para las universidades ha
sido aproximadamente el 6% del presupuesto nacional. Sin embargo, en la
actualidad, este porcentaje ha disminuido significativamente y no llega ni
al 2%.
- Tensiones
y Control: Los
diferentes gobiernos han utilizado el financiamiento como una herramienta
de control sobre la gestión universitaria. Esto ha llevado a tensiones y
críticas, ya que las universidades deben seguir líneas de política oficial
para acceder a los recursos.
El financiamiento universitario tiene
un impacto significativo en la calidad
de la educación.:
1. Recursos Disponibles: el
presupuesto insuficiente afecta directamente la calidad de la enseñanza y la
investigación.
2. Infraestructura y Equipamiento: Un financiamiento adecuado permite mantener y mejorar la
infraestructura física de las universidades. Edificios bien equipados, aulas
modernas y laboratorios actualizados contribuyen a una experiencia educativa de
mayor calidad.
3. Calidad del Profesorado: Salarios
competitivos y oportunidades de desarrollo profesional atraen a docentes
calificados. Un cuerpo docente experimentado y comprometido mejora la calidad
de la enseñanza.
4. Investigación y Desarrollo:
Las universidades necesitan fondos para investigar y desarrollar nuevos
conocimientos. La inversión en investigación científica, proyectos académicos y
tecnológicos enriquece la educación y beneficia a la sociedad en general.
5. Programas Académicos: El
financiamiento afecta la diversidad y calidad de los programas académicos.
Universidades bien financiadas pueden ofrecer una variedad de carreras,
especializaciones y cursos electivos, brindando a los estudiantes una educación
más completa.
6. Acceso a Becas y Ayudas: Un
presupuesto adecuado permite ofrecer becas, préstamos y ayudas económicas a los
estudiantes. Esto facilita el acceso a la educación superior y reduce las
barreras financieras.
En resumen, un financiamiento
insuficiente puede limitar la calidad de la educación superior, mientras que
una inversión adecuada contribuye al crecimiento intelectual, la innovación y
el desarrollo de habilidades en los estudiantes.
En Venezuela,
el financiamiento de la educación universitaria es un tema
crucial y que requiere estrategias efectivas para garantizar la calidad y
sostenibilidad de las instituciones educativa hay aspectos fundamentales que se
citan a continuación:
- Fondo de
Financiamiento
- Las universidades públicas presentan
anualmente sus requerimientos presupuestarios al Gobierno
Nacional. Estos recursos buscan mantener la inversión en innovación
científica y tecnológica, fortalecer la calidad de la formación y
contribuir al desarrollo económico y social del país.
- Las universidades operan bajo
una insuficiencia presupuestaria crónica, lo que afecta su
desarrollo. Los aportes del Ejecutivo tienden a disminuirse
o estancarse, limitando inversiones en investigación, infraestructura y
participación en eventos académicos1.
- Modelo de
Financiamiento Propuesto:
- Es necesario implantar un modelo
que otorgue a las universidades públicas un financiamiento basado en
elementos como marco legal, tipología institucional y orientación. El
objetivo es favorecer la sostenibilidad y calidad de la educación
superior2.
- Consideraciones
Previas:
- Antes de establecer una política de
financiamiento, es importante considerar las relaciones entre el Estado y
las Instituciones de Educación Superior (IES). Esto
incluye aspectos filosóficos y legales que afectan el financiamiento3.
- Fuentes de
Financiamiento:
- Las universidades públicas en
Venezuela dependen de tres fuentes de financiamiento:
- Aportes del Estado:
Estos tienden a disminuirse o estancarse, afectando el desarrollo
universitario.
- Donaciones de Entes Privados:
Contribuyen, pero no siempre son suficientes.
- Ingresos Propios:
Las universidades buscan generar recursos internos, pero enfrentan
desafíos debido a la inflación y cambios en el régimen cambiario4.
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