FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

El problema del financiamiento universitario continúa siendo un instrumento de carácter político en el marco de las decisiones gubernamentales frente al concepto de inversión nacional a largo plazo. El Estado es responsable de asumir la principal responsabilidad de financiamiento de las instituciones universitarias para cumplir con el mandato constitucional complementado con una política de financiamiento y el establecimiento de políticas universitarias complementarias de financiamiento propio en cooperación con los sectores productivos.

Es necesario diseñar una estrategia política destinada a eliminar la práctica reiterada del gobierno nacional de aprobar los recursos económicos condicionados a restricciones importantes tales como: tramitar presupuestos insuficientes, manipular las asignaciones regulares y entregar los recursos en función de intereses particulares, causando perjuicios a las operaciones universitarias.

Históricamente el presupuesto requerido por las universidades se aproxima a una cifra equivalente a un seis por ciento (6%) que ahora no llega ni al 2% del presupuesto nacional.  Tradicionalmente hubo una política definida e incluso de varios periodos presidenciales a través del Ejecutivo Nacional consistente en aprobar presupuestos insuficientes o no equilibrados y luego usar la fórmula de créditos adicionales concedidos en función del nivel de colaboración con los órganos oficiales los cual ha limitado la actuación operacional de las universidades y se producen tensiones universitarias y sociales indeseables.

Los diferentes gobiernos han manejado el financiamiento como una válvula de control de la gestión universitaria para obligarla a seguir líneas de política oficial y evitar las confrontaciones y críticas a los gobiernos de turno. Aun así, desde su liberación autonómica en 1958 el presupuesto universitario dio para todo, movimientos socialistas se enquistaron en facultades, crecieron y fueron financiados por el presupuesto hasta el punto que sin lugar a dudas la universidad creo un “ministerio particular” de quienes lograron penetrar la burocracia universitaria y muchas autoridades fueron de esa tendencia, rectores de esas agrupaciones fueron críticos y opositores formidables contra los gobiernos democráticos.  Con el cambio de gobierno de 1999 muchos de ellos fueron a formar parte del gobierno de Chávez Frías y profundizaron la política de restricción universitaria. La asfixia presupuestaria se estableció oficialmente en 2005 cuando el gobierno de Chávez decretó que ya no concertaría el presupuesto con las universidades, como se venía haciendo y fue sustituida por estrategias de centralización, apoderamiento económico, administrativo y académico de las universidades.

Los primeros recortes mayores comenzaron en 2008, cuando el entonces Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria aplicó la conocida reconducción presupuestaria que es más que aplicar el presupuesto precedente sin tomar en cuenta su natural crecimiento como consecuencia de la hiperinflación indetenible. La asfixia se mantiene hasta la actualidad y se ha asignado menos del presupuesto que solicitaron cuyos fondos se reciben incompletos y retrasos considerables con los efectos operativos que ello implica. Los recursos adicionales asignados después de muchos ruegos y concesiones han sido centralizados por el ministerio para administrarlos a su saber y entender, sin regulación alguna violando la autonomía administrativa de las universidades viéndose estas en la necesidad de recortar o no poder atender los gastos de funcionamiento y mantenimiento. Hasta la actualidad, 61 centros educativos, entre universidades e institutos universitarios, son controlados totalmente por el gobierno, sin ningún tipo de autonomía.

Las seis universidades autónomas y las cuatro experimentales que no controla totalmente el gobierno han tenido que cerrar laboratorios, aulas y otros espacios por la falta de presupuesto para mantenerlos Entre 2014 y 2022 la nómina del personal docente se redujo 30% en la Universidad Central de Venezuela y más de 60% en la Universidad Simón Bolívar, según estimaciones de sus autoridades. La más reciente decisión del gobierno contra la autonomía universitaria fue que las nóminas, desde marzo de 2021, se pagaran a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), quitándole esta competencia a las universidades que por ley son las empleadoras.

Es necesario considerar el problema del personal jubilado y su significativa contribución al presupuesto universitario mediante un sistema de protección social que prevea las futuras jubilaciones y pensiones, así como la sustitución de los recursos humanos en el seno de las universidades, ello conlleva a la evaluación de los recursos contributivos que por años sustentaron a los fondos de pensiones y jubilaciones cuyas condiciones legales reglamentarias no han sido respetadas, incluso secuestradas en un desvió irregular de importantes de recursos cuya aplicación no está nada clara. 

La ejecución del gasto universitario articulado a controles modernos de gestión basados en evaluaciones objetivas debe ser hechos del conocimiento no solo institucionales sino también del dominio público. Realizar una reforma y revisión integral del sistema universitario a objeto de optimizarlo, evitar la duplicación del gasto y tender a racionalizar el crecimiento y unificación en cada entidad federal. Se impone dentro de este gran obstáculo una visión pragmática más sólida en defensa del financiamiento universitario, exigir el cumplimiento de las previsiones internacionales de las partidas presupuestarias, sino incluso prever los gastos operativos y de mantenimiento en instalaciones que por lo general son grandiosas, incluso Patrimonio Mundial de la Humanidad como es el caso de la UCV. Ello implica el uso de nuevas fuentes de financiamiento y de gestión empresarial para la gestión de las investigaciones, proyectos, centros de salud y deportivas con criterios empresariales cuyos beneficios sean revertidos al desarrollo de la investigación y de la propia universidad.

Es necesario destacar, que la ausencia de un fin lucrativo en las universidades públicas aplicando el derecho  de la educación gratuita no significa que no se aborde la gestión empresarial y que  los particulares no inviertan en educación, y que no consuman su inversión o patrimonio, por el contrario, la cabal consecución y la satisfacción de la finalidad asignada a las personas naturales o jurídicas debe imponer una conducta de conservación, mejora e incremento de los bienes y rentas, rescatar a largo plazo su inversión, reinvertir en el desarrollo de su entidad, mejorar y optimizar la educación que imparten y que por supuesto, pueden realizar actividades lucrativas complementarias tales como las puramente comerciales, pero es claro, no como primordiales, sino como instrumentales y derivadas, en función de asegurar la gestión que permita el logro de las finalidades altruistas de la educación.

La inversión privada llevada a cabo por particulares en la educación universitaria es considerable tomando en cuenta que su infraestructura cubre más del veinticinco por ciento (25%) de la matricula nacional con indicadores de calidad satisfactorios en la mayor parte de ellos y con una contribución al producto nacional importante. Esta actividad, no puede ser obviada, amparada por el equivocado cliché que elude la discusión inteligente, señalando a los promotores privados como mercantilistas, en una suerte de usureros o de oligarcas de la educación. Hasta ahora, salvo contadas excepciones, las universidades privadas han sido sometidos a todo tipo de permisos innecesarios, a presiones por parte del Ministerio de Educación Universitaria, y a un régimen absurdo de controles de precios, según el cual los empresarios de esta actividad tan noble y necesaria,

Es bien conocido a nivel estadal la dispersión de centros universitarios que incluso compiten no solo por los recursos sino que incluso por la misma matricula y personal docente y de investigación, en consecuencia se plantea la necesidad que dentro del proceso de cambio del sistema universitario se elabore un proyecto de construcción de la Universidad de la entidad estadal correspondiente, concentrando recursos humanos, materiales, planes académicos y los esfuerzos para el desarrollo de la investigación regional descentralizada los cuales actualmente están diseminados en cada entidad federal con cientos de universidades de diversa categoría tales como universidades territoriales, aldeas universitarias, tecnológicos que ahora son universidades y otras modalidades como la misión Sucre, etc., Este efecto no solo hace que el presupuesto deba atender a más de un centenar de nuevas universidades improvisadas y sin calidad y que paradójicamente se agrupan geográficamente en localidades donde no tienen demanda, o simplemente que hay más de media docena de universidades públicas en una misma ciudad con ofertas profesionales similares con restricciones de personal docente y ausencia de estudiantes.

Es bien conocido que la fragmentación y crecimiento del sector universitario a nivel regional ha determinado la creación y funcionamiento de universidades oficiales con programas repetidos, competencia de recursos, creación de instalaciones precarias y aprovechamiento del recurso humano repetitivo y costoso. Atendiendo a principios de desarrollo organizacional y de la descentralización es necesario dotar de mayor agilidad y eficiencia administrativa a las diversas instituciones y núcleos que funcionan en los estados federales, estas deberían integrarse en un sistema que facilite el intercambio de recursos entre las diversas instituciones, la cooperación, la realización de esfuerzos compartidos, la movilidad estudiantil y profesoral y la integración y el uso compartido de espacios y de capacidades a los fines de constituir una red regional universitaria.

CONCLUSIONES

 

 

Responsabilidad Estatal: El Estado tiene la responsabilidad primordial de financiar las instituciones universitarias. Esto se deriva del mandato constitucional y se complementa con políticas de financiamiento. Además, se busca establecer políticas universitarias en cooperación con los sectores productivos.

 

1. Prácticas Problemáticas: El gobierno nacional ha aprobado recursos económicos condicionados a restricciones importantes. Estas prácticas incluyen tramitar presupuestos insuficientes, manipular asignaciones regulares y entregar recursos basados en intereses particulares. Estas acciones afectan negativamente las operaciones universitarias.

 

2. Presupuesto Insuficiente: A lo largo de la historia, el presupuesto necesario para las universidades ha sido aproximadamente el 6% del presupuesto nacional. Sin embargo, en la actualidad, este porcentaje ha disminuido significativamente y no llega ni al 2%.

 

3. Tensiones y Control: Los diferentes gobiernos han utilizado el financiamiento como una herramienta de control sobre la gestión universitaria. Esto ha llevado a tensiones y críticas, ya que las universidades deben seguir líneas de política oficial para acceder a los recursos.

 

El financiamiento universitario tiene un impacto significativo en la calidad de la educación.:

1.    Recursos Disponibles: el presupuesto insuficiente afecta directamente la calidad de la enseñanza y la investigación.

2.    Infraestructura y Equipamiento: Un financiamiento adecuado permite mantener y mejorar la infraestructura física de las universidades. Edificios bien equipados, aulas modernas y laboratorios actualizados contribuyen a una experiencia educativa de mayor calidad.

3.    Calidad del Profesorado: Salarios competitivos y oportunidades de desarrollo profesional atraen a docentes calificados. Un cuerpo docente experimentado y comprometido mejora la calidad de la enseñanza.

4.    Investigación y Desarrollo: Las universidades necesitan fondos para investigar y desarrollar nuevos conocimientos. La inversión en investigación científica, proyectos académicos y tecnológicos enriquece la educación y beneficia a la sociedad en general.

5.    Programas Académicos: El financiamiento afecta la diversidad y calidad de los programas académicos. Universidades bien financiadas pueden ofrecer una variedad de carreras, especializaciones y cursos electivos, brindando a los estudiantes una educación más completa.

6.    Acceso a Becas y Ayudas: Un presupuesto adecuado permite ofrecer becas, préstamos y ayudas económicas a los estudiantes. Esto facilita el acceso a la educación superior y reduce las barreras financieras.

En resumen, un financiamiento insuficiente puede limitar la calidad de la educación superior, mientras que una inversión adecuada contribuye al crecimiento intelectual, la innovación y el desarrollo de habilidades en los estudiantes.

 

En Venezuela, el financiamiento de la educación universitaria es un tema crucial y que requiere estrategias efectivas para garantizar la calidad y sostenibilidad de las instituciones educativa hay aspectos fundamentales que se citan a continuación:

 

1. Fondo de Financiamiento
• Las universidades públicas presentan anualmente sus requerimientos presupuestarios al Gobierno Nacional. Estos recursos buscan mantener la inversión en innovación científica y tecnológica, fortalecer la calidad de la formación y contribuir al desarrollo económico y social del país.
•  
• Las universidades operan bajo una insuficiencia presupuestaria crónica, lo que afecta su desarrollo. Los aportes del Ejecutivo tienden a disminuirse o estancarse, limitando inversiones en investigación, infraestructura y participación en eventos académicos¹.

 

2. Modelo de Financiamiento Propuesto:
• Es necesario implantar un modelo que otorgue a las universidades públicas un financiamiento basado en elementos como marco legal, tipología institucional y orientación. El objetivo es favorecer la sostenibilidad y calidad de la educación superior².

 

3. Consideraciones Previas:
• Antes de establecer una política de financiamiento, es importante considerar las relaciones entre el Estado y las Instituciones de Educación Superior (IES). Esto incluye aspectos filosóficos y legales que afectan el financiamiento³.

 

4. Fuentes de Financiamiento:
• Las universidades públicas en Venezuela dependen de tres fuentes de financiamiento:
• Aportes del Estado: Estos tienden a disminuirse o estancarse, afectando el desarrollo universitario.
• Donaciones de Entes Privados: Contribuyen, pero no siempre son suficientes.
• Ingresos Propios: Las universidades buscan generar recursos internos, pero enfrentan desafíos debido a la inflación y cambios en el régimen cambiario⁴.

 

 

 

 

LOS EDUCADORES TIENEN LA PALABRA

 

LOS EDUCADORES TIENEN LA PALABRA

Genaro Mosquera

Una de las variables más importantes del modelo socialista, es la resultante masiva y sin precedentes del éxodo de casi más de la tercera parte de la población venezolana la cual ha emigrado con la esperanza de conseguir mejores oportunidades de vida y, que ahora continua acrecentándose e incluye a un proletariado hambriento y necesitado que con esa fórmula caminante cree que logrará superar las pésimas condiciones de vida local; obviamente, sin dejar de lado la exportación de los “marielitos o pranes” por hacer una analogía cubana que son enviados con recursos oficiales desviados por el régimen para desestabilizar a otros países y ciudades, como los estamos viendo en diferentes locaciones norteamericanas; esos “migrantes”, buena parte de ellos delincuentes actúan  como un virus con el propósito de desestabilizar a los gobiernos locales con objetivos planeados  de eso que llaman “progresismo global”.

El movimiento global continua dictando directrices para el apoderamiento de países democráticos con el propósito de cambiar la sociedad e intentar ajustarla a nuevos modelos de poder dictatorial basados en una estrategia que contribuya a la formación de gobiernos socialistas en franca marcha hacia el modelo chino-comunista y, lograr concretar los intereses de los países del este que han desplegado la línea de conducta de imponer el poder omnímodo, destruir la separación democrática  de los poderes y sustentarse en las autocracias por medio de la fuerza de las armas y de las finanzas obtenidas como producto de la corrupción, para finalmente, gobernar el mundo con la ayuda de satélites latinoamericanos encabezados por una doctrina gestionada desde Brasil, operada por cubanos y gobernar esta región bajo la tutela  de países socialistas y de fanáticos religiosos ubicados del otro lado del mundo.

Su efecto ha favorecido la consolidación del poder mediante un modelo basado en la destrucción de la clase media, sublimar a la población, provocar la ausencia del trabajo digno y hacerlos depender de las plantillas del estado. Igualmente, estimula como política de estado dicho éxodo despoblando al país como meta y estrategia de dominación, su resultado es un país cada vez menos poblado, controlado, dejando en el mismo un estrato etario de jubilados, de jóvenes que nacieron bajo su sistema emulando la ideología del hombre nuevo y de una franja intermedia que no encuentra acomodo y busca desesperadamente cómo sobrevivir bajo las peores condiciones de pobreza, sometido a humillaciones, persecuciones y amenazas.

Este último segmento de la población en ocasiones y dependiendo de las circunstancias, es representado por escasos lideres que no han caído en la tentación de arrimarse al poder y ante su potencial influencia política son hostigados, inhabilitados y, se intenta al mejor estilo sacarlos del juego incluida la inhabilitación judicial, desaparición forzosa o encarcelándolos apoyado en una falsa interpretación funcionalista de los estamentos legales.

Esa estrategia autoritaria por lo demás global, no ha funcionado muy bien en otros países del área los cuales comienzan a revolverse frente a los gobiernos socialistas, con la ventaja de que los gobiernos autoritarios no pudieron reventar a tiempo la separación de los poderes públicos los cuales han permitido apoyarse en un sistema electoral poco mediatizado y en consecuencia se comienza a revertir paulatinamente el regreso a la democracia.

La realidad de la crisis es percibida y sentida abiertamente, caracterizada por el hambre evidente y de necesidades insatisfechas, de ingresos limitados e ínfimos, obligatoriamente complementados por el mal llamado emprendimiento especulativo. El esquema de vida de la población venezolana ya coincide con la del cubano: caracterizada por la destrucción de los servicios públicos, limitaciones vitales en la salud, vías e infraestructuras destruidas, alimentación deficiente, limitación educativa, emprendimiento laboral y comercial de carácter marginal.

Solo la protesta pragmática, masiva y categórica marca las prioridades, probablemente la más importante es resolver el tema del ingreso familiar; tema va adquiriendo dimensiones importantes y ante este hecho o disyuntiva, existe la motivación, fuerza y disposición para defender el derecho de percibir ingresos justos lo cual solo va a conseguir con la masiva y fuerte y extrema fuerza de la protesta organizada apoyadas en las exigencias de cambio; es ahí donde los gremios o agrupaciones civiles en general, dirigentes sociales y dolientes deben focalizar su sentimiento y derechos ciudadanos.

Frente a la realidad familiar y laboral se está mediatizado la protesta la cual se ha centrado en los reclamos salariales soslayando otros factores que el sistema ha inducido en la calidad de vida del venezolano y, muy especialmente en la pérdida de la libertad. En ese sentido, habrá que cambiar de táctica, es decir, ampliar el nivel de protesta hasta ahora limitada al requerimiento de un incremento de un salario pírrico, que seguramente no será jamás atendido. La protesta debe ampliarse en beneficio de otros elementos, los centenares de presos políticos, el rescate de una política económica adecuada, del derecho a la educación, la exigencia de resolver el insuficiente y pésimo servicio público.

Esa táctica no puede ser solo declarativa ni de la protesta de cientos de pequeños focos; existe una motivación fundamental que afecta obviamente a la familia que es el ingreso familiar, pero también lo es la ausencia de libertad, la violación a la democracia, el desprecio de haber elegido democráticamente a los lideres de la oposición y participar en unas elecciones limpias mediante un proceso electoral transparente.

Cada profesor o docente de los cientos de miles que integran el sistema educativo, representan una poderosa fuerza ciudadana, está subvencionando al régimen con su trabajo; paga a sus expensas, los gastos de transporte, material docente y otros gastos que ni siguiera puede pagar. Tiene que hacer diariamente largas caminatas, no se alimenta adecuadamente, y todo lo intenta pagar a costa de un salario que no cubre dichos costos y que por cierto ni siguiera complementándolo con los fulanos bonos de la obligante inscripción al sistema patria (que en realidad es un carnet de partido) no cubren los gastos. Realmente el educador está siendo chuleado por el régimen lo cual es totalmente injusto y, conduce al hecho que no se puede tolerar más esta situación, o mejor llamarla, esclavitud violatoria de su dignidad profesional.

Sobran argumentos para dejar de prestar un servicio donde no se perciben los ingresos necesarios, por eso y por dignidad  debe dejar de  trabajar, es decir cambiar a una acción paralizante, de brazos caídos, sacudirnos de la situación y del régimen el cual nos tiene maniatados con su modelo político comunista que obedece a mecanismos de la delincuencia y de otros intereses alineados en el progresismo fanático que desea gobernar el mundo y cercenar la cultura occidental y la educación. Los educadores tienen la palabra.