Negociaciones

 

En general, no se pone en duda la utilidad que tiene un proceso negociador ante un conflicto de intereses, especialmente si se trata de controversias comerciales, incluso políticas o privadas, donde por aproximaciones sucesivas se llega a un acuerdo con el cual no se logra sino excepcionalmente llenar todas las expectativas de una parte sobre la otra.

El esquema de negociación después de un diálogo aparece reiteradamente en el escenario político y todas las veces se ha frustrado como consecuencia de la mala fe del régimen, principal estimulador de tal esquema cuyo objetivo es ganar tiempo y sacar ventajas. Obviamente, nunca hará concesiones para la entrega del poder, aun bajo la circunstancia de su señalamiento como usurpador, sujeto a persecución internacional y sometido a gran presión de los países democráticos que ven en su gobierno el mejor ejemplo de una dictadura que secuestró el poder ilícitamente amparado en unas fraudulentas elecciones y como si fuera poco, a través de la protección de la más grande y gran estafa mafiosa conocida en los tiempos modernos.

Las bases de nuevas negociaciones comienzan a barajarse, poniendo por delante las elecciones regionales, que, bajo el sistema actual, jamás serán transparentes, a pesar de las aspiraciones y la insatisfacción de la mayoría, pero, aun así, los mecanismos fraudulentos y el poder detentado no permitirá éxito alguno y la ilusión de un cambio se disipará nuevamente, y por supuesto habrá negociaciones una vez más fallidas.

En el caso de la universidad venezolana, particularmente de la Universidad Central de Venezuela, la exigencia de la comunidad universitaria de celebrar la elección de sus autoridades se ha manifestado públicamente y con mucha insistencia a pesar de todo tipo de obstáculos para evitarlas basado principalmente en el argumento que las mismas han sido reglamentadas por el poder usurpador del Tribunal Supremo de Justicia, quienes violando la Constitución y la Ley de Universidades y han sido denunciadas por competentes juristas de la propia universidad en demostraciones muy claras a ese respecto.

En la práctica, esas obstrucciones se fundamentan en la contradicción de que en el fondo se pliegan a las políticas de un régimen usurpador. Ello significa dar largas a tan importante asunto, y lamentablemente negocian con algunas autoridades universitarias la celebración de elecciones bajo un acuerdo de contenido abiertamente ilegal al fijar los acuerdos sobre la base de permitir el voto a una proporción negociada de representantes de obreros, empleados, estudiantes y egresados para que puedan votar en unas elecciones con objetivos políticos muy claros.

Se deriva de tal postura que la írrita Asamblea Nacional, quien, sin amilanarse, dictará otra Ley de Universidades, obligará a negociar unas elecciones bajo esas condiciones y propondrán que se favorezca al régimen con la ayuda de algunos universitarios que actúan en contra de los intereses de las universidades.

Las comisiones electorales, que generalmente responden a los intereses rectorales, argumentan que no están en capacidad de hacer elecciones porque deben someterse a los dictámenes de un Consejo Universitaria, e incluso cambian las reglas de juego en la línea del tiempo al estimular una consulta que todo el mundo se pregunta para qué. Es otras palabras, la negociación funciona en detrimento y desventaja de la propia universidad. Ante esta disyuntiva, la comunidad universitaria, apelando a la autonomía y gran poder moral desea ir a elecciones y han demostrado no temer sus consecuencias al entender que la universidad es primero que los intereses intervencionistas.

No podemos soslayar el vergonzoso sistema salarial, en efecto, la capacidad de la universidad y su poderosa influencia social debe presionar para lograr la dolarización de sus honorarios, la presión en una negociación honrosa y de fuerza deben lograrlo, y en consecuencia, debe organizarse para salir al paso el entreguismo y la abulia.

El sistema y la condición operativa de la universidad ha impactado de tal manera a la comunidad que se estima que más del cuarenta por ciento de su fuerza profesoral y de investigación se marchó a otros lares donde su competencia, calidad y méritos les son reconocidos con salarios justos y dolarizados. La fuerza estudiantil también ha abandonado, no conocemos su estimación por el evidente ocultamiento de su número. Esa circunstancia permite hacer una reflexión en el sentido que, si se ha ido un porcentaje tan elevado de su capacidad docente, surge la pregunta sin respuesta: ¿será que ¿continúan en nómina? Lo más probable es que no, y en consecuencia podrán redistribuirse en función de las necesidades de los docentes que quedaron en el país y reconducirlos procedimentalmente para la seguridad social y reconstrucción de sus instalaciones ya casi inevitablemente destruidas.

Un nuevo tema de negociación con el sector empresarial está sobre la mesa, y cuyos intercambios han comenzado con el régimen usurpador, por supuesto, con similar argumento de las universidades ampliado con el objetivo de proteger a su instituciones, insertarse en el aparato productivo socialista, y preservar los intereses comerciales, que en realidad es lo que más les importa independientemente de su capital humano, subyugado y en condiciones francamente de dependencia y sin beneficios sociales.

En la variedad de nuevos negocios comerciales de distribución de bienes intentan competir creados potencialmente con recursos indirectos del Estado, cuyo objetivo secundario es desarrollar un artificial movimiento comercial con visos de abundancia para contrastar y aparentar éxito comercial y de sus políticas a la opinión pública internacional. Con desparpajo dolarizan y fijan los precios, incluso por encima del valor de un bien en particular en los mercados internacionales. A esos bienes solo tienen acceso los privilegiados que tienen dólares en abundancia producto de actividades que no se sabe si son licitas o no ya que la mayor parte de la sociedad con salarios medios de dos a tres dólares al mes no tienen la capacidad para comprar nada que no sea para su estricta supervivencia.

Algunas familias con familiares en el exterior reciben de ellos alguna que otra caja de bienes y escasas remesas que le permiten pagar en lo posible la exigencia comercial abiertamente fijada en dólares, incluso hasta las cuestiones más elementales ante la desaparición de la divisa criolla. Igualmente, una economía marginal de servidores normales y de oficios tradicionalmente domésticos exige propinas que no bajan de un dólar, y la irresponsabilidad o especulación de algunos que sin tener idea que un salario mínimo por hora de trabajo en el norte es de 7 o más dólares, claro, sin tomar en cuenta a profesionales o comerciantes que arrancaron del país en la mejor oportunidad, y que han podido calificar sus conocimientos y competencias, que requiere un esfuerzo considerable de trabajo efectivo. En otras palabras, no se tiene idea de lo que cuesta ganarse un dólar en cualquier país donde la diáspora está pasando el trabajo hereje para sobrevivir.

La buena práctica comercial indica que una vez descontado los gastos operativos y administrativos en promedio y a los precios de las mercancías en dólares al menos queda una proporción significativa disponible, para cubrir los gastos de los directivos, gastos de reposición, beneficios y salarios. Y aquí está el asunto, si venden a precios de dólar deben pagar en dólares a sus empleados y no el pírrico salario marginal. Necesariamente deben demostrar su altruismo y ciudadanía pagando sueldos y salarios acordes con el esfuerzo, y obtener benéficos modestos y no como están acostumbrados especulativamente.

Es hora de poner todo en claro, luchar por medidas drásticas de condicionamiento del valor del trabajo y obtener pagos equivalentes en dólares a los países vecinos, y en el caso de las universidades, cuyo salario es ridículo que no permite siguiera cubrir los gastos de ir a sus instituciones, debe revisarse con una política de remuneración que no baje del estándar internacional, por cierto, precio que se paga al personal en casi todas las universidades que conocemos. Pero esa lucha, como se dijo antes, es prioritaria, pero también es prioritario evitar la intervención universitaria, la centralización de la admisión y además la imposición de carreras universitarias mal concebidas que comienzan a correlacionarse con los intereses del régimen.

Hemos hecho un llamado para la organización académica con las personalidades, docentes, investigadores y estudiantes, la cual permite cubrir una agenda importante para elegir a sus autoridades, las actuales deben dar puerta franca a la elección de nuevas autoridades sin caer en el hecho ilícito de conciliar con un régimen usurpador, en realidad, es tiempo de rectificaciones, apoyar a nuevas autoridades e interrumpir el continuismo e ir al encuentro  con connotados representantes de la sociedad civil a objeto de producir un nuevo liderazgo que permita trazar las estrategias adecuadas para el cese de la usurpación y lograr elecciones libres e integrales dentro de un escenario democrático y permita la reconstrucción nacional.