miércoles, 3 de junio de 2026

BASES PARA EL CAMBIO UNIVERSITARIO

 


SÍNTESIS DE LAS LÍNEAS FUNDAMENTALES

Transformación Universitaria: Aproximación al Cambio

I. El Imperativo del Cambio y el Contexto Global

En Venezuela, el subsistema universitario actual se traduce en una política centrada en la intervención  oficial de un modelo socialista y centralizador: este modelo se ha complementado mediante una política salarial que ha destruido la estructura de los ingresos del personal universitario. Se han  inducido elementos adversos con efecto directo sobre la masificación sin selección, generando un impacto negativo en la calidad de los egresados, y ha impuesto un mecanismo administrativo al margen de la Constitución, leyes y reglamentos. Sus efectos han sido totalmente negativos, y han provocado significativamente, la migración del personal académico, de la población estudiantil, y la destrucción de la infraestructura física como de investigación.

La necesidad de transformar la universidad surge de la convergencia de dos fuerzas principales: la globalización económica y la irrupción de la Sociedad del Conocimiento. En ese sentido se aprecian dos importantes consideraciones:

  1. Modelo Agotado: El modelo tradicional de universidad no resiste las exigencias de las nuevas realidades, requiriendo una reconfiguración conceptual y de prácticas para vincularse efectivamente a su entorno.
  2. Globalización del Conocimiento: Las nuevas fuerzas de cambio están asociadas a una vigorosa globalización del conocimiento, la irrupción de las nuevas tecnologías en la educación, un mercado educativo sin fronteras y la aparición de nuevos proveedores (universidad virtual, universidad corporativa).
  3. Rol de las TIC: El impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), la World Wide Web (WEB), y más recientemente, herramientas como el Análisis de Datos, Inteligencia Artificial y la Realidad Virtual, han cambiado la estructura del aprendizaje y obligan a la universidad a expandir sus formas de enseñanza y métodos de aprendizaje.
  4. Reformas Impulsadas (Décadas 80-90): Agencias internacionales (UNESCO, Banco Mundial) impulsaron una primera generación de reformas orientadas a la eficiencia, el financiamiento y la evaluación/acreditación. Sin embargo, estas reformas no fueron suficientes para resolver los problemas de acceso, equidad, calidad y financiamiento universitario.

II. Obstáculos Políticos e Institucionales

El desarrollo y la modernización de la universidad venezolana se han visto limitados por obstáculos estructurales y por la intervención política del régimen de gobierno, generando una crisis sistémica en:

  1. Control y Autonomía: El sistema legal rígido y una estrategia de control desplegada por el régimen, especialmente a partir del siglo XXI, han limitado la autonomía universitaria y obstruido cualquier esquema de transformación.
  2. Crisis de Calidad y Financiamiento: La situación se caracteriza por:
    • Estructura burocrática y rígida.
    • Crecimiento masivo sin control ni calidad (heterogeneidad del sistema).
    • Bajos salarios, desactualización de planes y programas, y deficientes recursos financieros que cada día se reducen más al compartir los recursos presupuestarios en un crecimiento desmedido de universidades y la conversión de Institutos universitarios en universidades,
    • Altos índices de deserción estudiantil y migración  masiva de docentes y jóvenes.
  3. Ideologización y Estatización: El ascenso del Socialismo del Siglo XXI impulsó una estrategia para el control del sistema, resultando en un modelo amorfo, centralizado en la reglamentación, ideologizado y carente de calidad, lo cual ha provocado la "quiebra del sistema" y la fuga de talento.

III. Líneas Estratégicas para la Transformación (Ejes de Discusión)

Para la refundación o reinstitucionalización de la universidad, se requiere una visión de futuro que gire en torno a la calidad, pertinencia social y adaptación tecnológica dentro de los siguientes elementos:

A. Modernización Académica y Tecnológica

  1. Reconfiguración Curricular y Educativa:
    • Educación Multimodal: Adopción de modelos de enseñanza híbridos (presencial, en línea, remotos, asíncronos), donde las experiencias individuales y el autoaprendizaje fuera del aula son validados.
    • Contenidos y Aprendizaje: Promover una educación que genere la conectividad de los campos científicos a través de la interdisciplina, multidisciplinar y la transversalidad.
    • Perfiles Profesionales: Formar profesionales pensantes (pensamiento crítico), preparados para solucionar problemas nuevos, capaces de tomar decisiones racionales y que se mantengan en la frontera del conocimiento.
    • Innovación Disruptiva: Adoptar una cultura emprendedora e innovadora y aliarse con corporaciones tecnológicas para expandir las formas de aprendizaje.
  2. Transformación de la Docencia:
    • El rol del profesor debe pasar de la enseñanza catedrática a la de un tutor, orientador y facilitador en el aprendizaje del alumno, igualmente en un proceso de actualización constante haciendo énfasis en conceptos y métodos para abordar problemas nuevos, más que en técnicas cambiantes.
    • El profesorado y los investigadores necesitan actualizar y ampliar sus fronteras ante las aplicaciones complejas de la tecnología.

B. Reforma Institucional y Gerencial

  1. Pertinencia Social y Competitividad: La universidad debe enfocar la formación y el conocimiento orientados al desarrollo nacional, fortaleciendo la ciudadanía, la ética y la responsabilidad social, e igualmente la competitividad. Esto implica vincularse estrechamente con el sector productivo.
  2. Marco Legal: Es imprescindible una reforma legal orientada a la libertad académica, la normalización y simplificación de sus procesos y la democratización del acceso a la educación superior.
  3. Modernización Organizacional: Se requiere la creación de estructuras más simples y flexibles, con una visión más amplia de carácter académico, científico y profesional, entre ellos:
    • Revisión y actualización de los procesos gerenciales y administrativos.
    • Evaluación y jerarquización de las profesiones, y acreditación de programas generadoras de micro credenciales de diversa procedencia (incluyendo corporaciones e instituciones productivas calificadas) y debidamente aprobados de acuerdo con su calidad
  4. Refundación Institucional: Ante la situación actual, se requiere la refundación de la universidad (acoplarla a nuevas realidades sociales, laborales, científicas y tecnológicas) y su reinstitucionalización con un gobierno universitario colegiado diferenciando claramente la gestión operativa de la gestión legislativa, y que sea, verdaderamente autonómica, dejando de lado las organizaciones tradicionales y  direcciones espurias.

IV. Conclusión para la Intervención

La transformación universitaria no es solo un ajuste, sino un proceso dinámico y complejo de cambio profundo (político, económico y social). Debe ser abordado mediante la definición de políticas públicas estratégicas y de un acomodo local en cada universidad mediante el debate productivo, con visión de totalidad y un enfoque sistémico-globalizador que integre la educación universitaria con el sistema educativo, el sistema productivo y las necesidades de la  sociedad.

Líneas Estratégicas:

  • La universidad debe ser capaz de tomar conciencia de la transición, analizar sus implicaciones y encontrar la fuerza interna  para su autotransformación.
  • Si no se produce el cambio, el sistema educativo se convertiría en un freno al potencial de modernización de la sociedad, y continuará egresando profesionales desligados y desactualizados a las nuevas realidades.
  • La transformación debe apoyarse en la Innovación y la Tecnología como herramientas para la excelencia, la calidad y el mérito profesional.

 

 

PLANTEAMIENTOS FUNDAMENTALES PARA UN PROGRAMA DE ACCIÓN

ALCANCE

Los conceptos fundamentales recogidos en la síntesis ejecutiva de este documento donde la Transformación Universitaria deseada proporcioné el marco general de referencia para objetivar la necesidad de un cambio en las políticas de desarrollo de las universidades. Sobre estos aspectos. se plantean algunas acciones entre tantas sugeridas las cuales deben ser diseñadas  atendiendo a el nivel de prioridad para tomarlas en consideración en relación con las acciones ejecutivas que deberá tomar el Despacho de Educación de un Gobierno de Transición.

PRIORIDADES DE ACCIÓN

Tomando como referencia los aspectos fundamentales de la situación de crisis universitaria, los señalamientos para su transformación y la necesidad de políticas universitarias nacionales, incluyendo las bases necesarias para el desarrollo de un plan de acción, al efecto, se identifican los ejes prioritarios que a juicio de expertos y experimentados universitarios pueden marcar los elementos que sean catalizadores  del cambio, entre esas prioridades destacan:

ü  Políticas Financieras

ü  Políticas Salariales

ü  Estructura Legal

ü  Acciones Académicas

ü  El papel de los gremios

POLÍTICAS FINANCIERAS

Una de los obstáculos más importantes para el desarrollo de la universidad pública se refiere a la limitación   de los  recursos financieros, cuyas variables más importantes se refieren a la nómina universitaria cuya estructura salaria entró en etapa de entropía y desorganización estructural,  La misma, es administrada de manera centralizada por el Ministerio para la Educación Universitaria dentro de una política de estado mediante la cual, se asigna la remuneración del personal universitario de manera rígida, despreciando la meritocracia universitaria fijando la estrategia remunerativa para los trabajadore universitarios, sin diferenciaciones salariales significativas,  incluyendo al personal jubilado.

Un  elemento importante ha sido el manejo del presupuesto universitario, el cual es insuficiente, sino que cubre en promedio más del 95 % de las asignaciones y solo deja el insuficiente o menos, 5% promedio para atender los gastos operacionales. Sus elementos fundamentales son:

Presupuesto

El obstáculo financiero crece marginalmente en la medida que al presupuesto rígido se le van cargando nuevas universidades cuyos objetivos son de alcance limitado y territorial, es decir, se han creado nuevas universidades por decreto, con categorías que van desde: aldeas, tecnológicos convertidos en universidades, instituciones territoriales, del estado, y otras y diversas modalidades, las cuales  crecen cada año en relacion a las universidades públicas, y que, por lo demás, egresan un gran número de estudiantes sin suficiente preparación profesional los cuales presentan en la práctica, dudosa calidad de sus competencias.

Ante estas circunstancias algunas de las soluciones propuestas consisten en los siguientes elementos:

Organización

ü  Sincerar la organización universitaria del sistema, mediante una reducción importante de ellas, adscribiendo las que tienen la condición de baja calidad a la más representativa universidad experimental de cada entidad o estado, la cual debe asumir la estructura académica perfeccionada dentro de la cual se debe reingresar a la población estudiantil, evaluarla y dar continuidad, para que finalmente permita su egreso en variados niveles de acuerdo a los objetivos cumplidos, es decir, los egresa con micro credenciales de una competencia especifica, o de  técnicos superiores, y/o profesionales  con la denominación de una profesión determinada, por ejemplo, economista, contador, administrador, odontólogo, medico, etc., condición que los califica para su actuación profesional por competencia y deja el camino abierto para continuar con su desarrollo y lograr la certificación como Licenciados en Ciencias de su Especialidad, es decir. por ejemplo; Licenciado en Ciencias Económicas, Licenciado en Ciencias de la Educación, condición básica para continuar hacia las especializaciones, maestrías y doctorados y posdoctorados en Ciencias en las menciones mayores de su formación.

 

ü  Revisar las credenciales de las autoridades y personal de dichas universidades para incorporarlos o no a las universidades de adscripción

ü  Propiciar programas de formación profesional continua para mejorar los conocimientos de los profesionales egresados mediante una solución dual de trabajo y estudio obligatorio

ü  Convenir con el sector productivo y gremial profesional (colegios o centros profesionales) la certificación de títulos para asociarlos al gremio y asignar la responsabilidad laboral profesional a la sociedad de su área de competencia.

ü  La universidad en función de su autonomía debe tomar las decisiones que mejor se ajusten a su funcionamiento, incluyendo la formulación de carreras universitarias sin ataduras burocráticas sino a través de sus estructuras académicas propias, evaluadas a su tiempo,

ü  La consideración de las políticas de Estado deben ser propuestas y analizadas por un Consejo Consultivo para la Educación Superior y de un Consejo Regional como fuente de coordinación y evaluación de las políticas del Estado.

ü  Eliminación del Consejo Nacional de Universidades y la OPSU cuyas funciones son atribuciones del Ministerio del ramo.

Emprendimiento

ü  Desarrollar una política de emprendimiento mediante la creación o la optimización de las empresas universitarias por especialidades para dar servicio al Estado y a la Sociedad a través  estructuras mercantiles productivas,  de consultoría, desarrollo de patentes, desarrollo de operaciones o de elementos importantes para el desarrollo empresarial y que ellas conduzcan a la obtención de experticias, y generen los recursos para la creación de los fondos financieros que complementen al presupuesto ordinario asignado por el estado

ü  Estimular la formación empresarial a los egresados para fortalecer su competencia profesional en el desarrollo productivo, investigativo y de servicio.

Fondos de Financiamiento

ü  Creación de fondos de financiamiento para complementar las políticas de seguridad social del personal universitario

ü  Creación de fondos especializados para la promoción de programas de emprendimiento innovación  y desarrollo para la investigación y formación docente

ü  Crear un sistema arancelario sustentable y de excedentes financieros en cada nivel académico de apoyo para el desarrollo de los postgrados a tarifas internacionales para sus participantes

ü  Crear una política contributiva estudiantil de pregrado para los estudiantes provenientes de  los colegios privados y un programa de becas con recuperación financiera para los estudiantes de menor poder económico

Políticas Salarial

La prioridad de revisión de sueldos y salarios es absolutamente pertinente y necesaria ante la caída provocada por la política de estado de reducir la capacidad de ingreso de los trabajadores universitarios. Ante esa situación, un elemento clave aparece como necesidad impostergable y es el de:

·       regresar a las tablas salariales por  méritos dentro de una política económica sustentable y la política económica restrictiva y de limitaciones generadas por la destrucción del aparato productivo nacional, considerando las limitaciones impuestas por el pago de la  deuda pública cuyos niveles son incluso desconocidos.

·       Fijar criterios de remuneración tomando en cuenta el valor de la cesta básica, más pagos complementarios por tipo de cargos administrativos y/ o académicos  desempeñados en la universidad,

·       Participación monetaria en los programas de extensión y ampliación en la cual participen y en asignaciones complementarias cuando participen en programas de postgrado y de investigaciones dirigidas.

Estructura Legal

·       La legislación universitaria debe ser ajustada a los nuevos procesos universitarios cuidando la separación de los poderes ejecutivos a nivel de decanatos o áreas o categorías departamentales, y las funciones legislativas, especialmente reglamentarias competencias de las autoridades directivas de la universidad.

·       Sugerir medidas concretas para la formulación y aprobación de una nueva Ley de Universidades y preparar proyectos reglamentarios simples, pero claros sobre la visión organizativa, de integración y desarrollo del personal aprovechando la experiencia internacional en la materia, por ejemplo, el Convenio de Bolonia en Europa.

·       La revisión y adaptación de la estructura legal tiene que estar enmarcada dentro de un Pacto Social que coadyuve con las políticas publicas y optimice el Sistema Universitario concebido con una amplitud adecuada definiendo la misión, visión y objetivos de la universidad sin distingos de su financiamiento público, privado, o fundacional  sino de sus objetivos

Acciones Académicas

La flexibilidad e integración curricular departamentalizada y de naturaleza transversal es imprescindible para el desarrollo de las acciones académicas óptimas. Es indispensable:

·       Crear áreas del conocimiento diversificadas y especializadas evitando la proliferación de escuelas y departamentos universitarios. Una estructura académica centrada en programas especializados en cada facultad o departamento optimizará la calidad, espacios, economía y administración del contenido curricular de las carreras y de los postgrados.

·       Es indispensable la coordinación y alianzas con empresas o corporaciones y centros de desarrollo del conocimiento, cuyos programas de formación puedan se homologados con asignaturas, seminarios, etc. para que formen parte de las carreras y grados en general reconociendo de manera flexible los correspondientes  créditos académicos, incluso los obtenidos mediante certificados de formación profesional y certificaciones laborales.

·       Todo el programa de inserción de las nuevas tecnologías educativas tiene que ser objeto de instrumentación incluyendo los temas relativos a la transformación digital de la universidad,

·       La creación de las unidades de evaluación y acreditación interna y externa son indispensable como elementos de calidad de la formación.

El Papel de los Gremios

Los gremios docentes, estudiantiles, de empleados y obreros, han desarrollado a lo largo de los años un importante papel en la defensa de la universidad venezolana, su participación en el desarrollo y preservación de la autonomía universitaria es notable. La defensa de los derechos sociales de profesores y estudiantes han sido clave. Los gremios de profesores y de trabajadores también han defendido sus derechos laborales mediante una actuación intensa, adecuada especialmente dirigidas a la transformación de las universidades frente a las nuevas realidades y la compleja situación socio económica actual. 

En el desenvolvimiento gremial, todas las asociaciones han adoptado una estrategia nacional que ha coadyuvado a la creación de agrupaciones estamentales federativas y de coordinación nacional las cuales negocian directamente con el Estado. La consecuencia de este proceso, es la contradicción surgida de la derivación del manejo y administración de los servicios por parte del régimen con una política centralizadora e inevitablemente interventora que ha ido en contra de los intereses de los gremios los cuales se han visto sujeto de normas nacionales, contratación y tabuladores impuestos sin consulta, negación de los procesos de homologación, fijación de salarios humillantes y, condiciones de trabajo y de beneficios sociales ignorados.

Las políticas mencionadas por parte del ejecutivo han impacto y limitado los alcances gremiales, pero su actuación también rebasa la intervención de las autoridades legitimas de las instituciones universitarias la cual contribuye a una contradicción con las políticas de sus patrones laborales que son  las universidades; esta actuación gremial incide de manera directa en las potenciales elecciones universitarias y en la selección de los cargos ejecutivos mediante su participación directa en la administración universitaria que  incluso se extiende a la vida académica.

Todo este entorno requiere clarificar el papel de los gremios para lograr y recuperar los niveles de decisión universitaria y de su participación en los procesos laborales y de desarrollo. Salvar este gran obstáculo es importante para preservar la autonomía administrativa y recuperar el control de los procedimientos de personal, y la disposición de los recursos financieros. Es perfectamente comprensible el papel fundamental de los gremios para preservar el derecho de los trabajadores, contribuir con la definición de las políticas de mejoramiento de los recursos humanos y de supervisar que las normas de funcionamiento establecidas por las autoridades  para que el régimen laboral se cumpla dentro de los términos suscritos con las entidades a donde pertenecen, pero se debe ser muy claro en la preservación de los mencionados derechos sin interferencias con las decisiones autónomas y gerenciales que toman los máximos niveles de las instituciones universitarias,

Con la premisa anterior, definido un plan de acción para resolver los obstáculos gremiales en este caso, y los que integran aquellos que sujetan a la transformación es imprescindible la redefinición de la misión y visión de la universidad, clarificar los estatutos orgánicos a fines de adaptarlos a la Constitución, a los marcos de referencia legales del momento y a las finalidades específicas de la institución universitaria.

La Educación Universitaria Privada

Especial consideración debe diferenciar a las universidades financiadas por el Estado y las de Financiamiento privado, al efecto, en primer lugar, debe señalarse el tema de la autonomía universitaria para de esta forma considerar a la educación superior de naturaleza integral, y de calidad solo diferenciando su organización en materia de financiamiento como único elemento diferenciador.

El concepto de Autonomía  muy debatido debe aclarase y desarrollarse de una vez por todas, en efecto, dentro del Estado Social de Derecho, esto es, un Estado Democrático regulado por el Derecho, entendido como el poder legítimo de una comunidad académica de autogobernarse y auto legislarse colectivamente, haciendo coincidir el concepto de libertad con el de autonomía.

Esta concepción, se traduce en la facultad de producir acciones de autodeterminación que coinciden en el ejercicio de un quehacer fundamental del Estado. En este sentido, la universidad pública y privada debe ser autónoma y ejerce sus acciones hacia la producción de conocimiento de tal manera que sirva no solo a, la formación de profesionales, sino de hombres potencialmente capaces de desarrollar múltiples dimensiones, las cuales desde diversas disciplinas coadyuven a consolidar a la sociedad a la que pertenecen dentro de un espacio democrático propicio al desarrollo y la libertad.

La Constitución garantiza autonomía para las universidades públicas y privadas sin distingo, ni clasificaciones subjetivas, de tal manera que la autonomía universitaria no encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo académico, como en la orientación ideológica o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo.

La autonomía universitaria no consiste en la autorregulación absoluta de las universidades o centros de investigación hasta el punto de desconocer el contenido del derecho fundamental de la educación y la libertad académica, ya que dicha autonomía se entiende que debe estar encausada en aras del objetivo que le consagre la Constitución, esto es, el derecho a la educación concebida por ella como una función pública que tiene a su vez función social. La autonomía se concibe para brindar a las universidades la discrecionalidad necesaria para desarrollar el contenido académico de acuerdo con las múltiples y libres capacidades creativas de aquellas con el límite que encuentra dicha autonomía en el orden público, en el interés general y en el bien común. La autonomía se debe reconocer a todas las universidades las cuales deben desplegar su iniciativa con aportes a la sociedad encaminada al fortalecimiento de la educación y los aportes a la creación de conocimientos dentro de la concepción moderna de sociedad educadora.

Es claro, que la Constitución debe dejar en manos del Estado la responsabilidad de financiar la educación superior oficial y de facilitar que particulares puedan hacerlo igualmente en ellas y en instituciones privadas de Educación Superior, de manera que se haga posible el acceso a las personas con suficiente capacidad económica para ingresar a la universidad dejando a estas fijar sus reglas de aceptación.

Tomando como referencia la ética universitaria y la responsabilidad derivada de la autonomía, es claro que el Estado debe de fomentar, inspeccionar y vigilar el derecho a la enseñanza como servicio público dentro de una concepción sujeta a principios orientadores de la política educacional perseverando sus atribuciones, pero sin menoscabar la autonomía universitaria aplicando disposiciones que restrinjan o regulen sus actividades.

Estando la educación en función pública, el particular o particulares que regenten estas actividades universitarias no pueden estar motivados por el lucro, sino que deben contribuir en el logro de la igualdad de oportunidades de los que concurren al sistema universitario y que por su derecho personal han elegido libremente hacerlo en estas instituciones bien sea como consecuencia de insuficiencia de cupos en la universidad oficial o en la búsqueda de paradigmas pedagógicos o ideológicos diferentes. Es necesario destacar, que la ausencia de un fin lucrativo no significa que los particulares consuman su patrimonio, por el contrario, la cabal consecución y la satisfacción de la finalidad asignada a las personas jurídicas deben imponer una conducta de conservación, mejora e incremento de los bienes y rentas por la cual pueden realizar actividades lucrativas complementarias y comerciales, pero es claro, como instrumentales y derivadas complementariamente para asegurar que sus actividades permitan o faciliten el logro de las finalidades altruistas de la universidad. Todos los demás elementos comentados en este documento aplican en consecuencia para la universidad privada y las medidas de cambio académicos y organizacional aplican como políticas públicas.

Finalmente,

Los elementos contenidos en estas líneas de actividades son parciales, solo se han priorizado para su instrumentación a corto y mediano plazo, lo cual sugiere un trabajo intenso de planificación estratégica y la conformación de un Plan Operativo fundamental para programas tareas y actividades dentro de un sistema de la educación superior integral,

Esta iniciativa debe ser asumida por el Despacho de Educación quien formulará las políticas públicas necesarias en estrecha colaboración con las universidades y  representadas por un Consejo Consultivo de muy alto nivel de conocimiento y experiencias en el área, de la administración pública y de la gestión productiva,

 

DE LA MERITOCRACIA A LA MISERIA: UNA HOJA DE RUTA PARA REPARAR EL INGRESO DE LOS PROFESORES EN VENEZUELA


 

La Universidad Central de Venezuela y el resto de las casas de estudio atraviesan hoy, en este abril de 2026, el desafío más crítico de su historia republicana. Tras años de una política de "confiscación indirecta" del ingreso, el trabajo académico ha sido reducido a un acto de heroísmo o de beneficencia. Sin embargo, un nuevo camino se asoma: la Propuesta de Reconstrucción Salarial que busca devolverle la dignidad al docente y la calidad a la educación superior.

Actualmente, un profesor Titular percibe un sueldo base de apenas Bs. 522,16, lo que equivale a unos irrisorios $1,58 mensuales. Incluso sumando las bonificaciones del sistema "Patria" (Bono de Guerra y Cesta-ticket), el ingreso integral ronda los $170. Esta cifra choca frontalmente con la realidad del mercado venezolano y regional:

  • La Canasta Alimentaria: Se estima en $692 para marzo de 2026. El docente apenas cubre el 23% de sus necesidades básicas.
  • El Contraste con el Sector Informal: Mientras un profesor doctorado sobrevive con $170, un trabajador por cuenta propia (mecánico, taxista o esteticista) genera ingresos netos como trabajador informal  que oscilan entre $500 y $1.200 mensuales. Por supuesto que el ingreso familiar es función del numero de personas activas que también son emprendedores.
  • La Brecha Regional: En países como Chile o México, un académico de alto nivel puede percibir entre $3.600 y $7.200. Solo por esa razón miles de profesores calificados de alto nivel doctoral han concurrido a esos mercados universitarios.

La reconstrucción no debe ser un simple aumento porcentual sobre un salario mínimo que ya nació muerto. Se necesita un cambio de paradigma: tratar al profesor universitario como un consultor de alto nivel. La estructura de costos sugerida se basa en la "Matriz Internacional de Tarifas Profesionales". No se trata de "pagar por estar", sino de remunerar por horas de trabajo académico, investigación y extensión, con una tarifa que cubra: El Costo Base (Honorario Neto) más las Cargas Sociales (30-40%): Vacaciones, salud y previsión. Los Gastos Operativos (15%): Hardware, software y formación continua.

Es necesario construir una propuesta razonable, acorde con la destrucción económica del pais, pero sustento de una remuneración basada en un tope de 50 horas mensuales efectivas de trabajo académico, ajustada a la realidad financiera del país, pero con la mirada puesta en la justicia laboral y la  competencia internacional. Remuneraciones que van desde un  instructor con una remuneración a tiempo completo de 480 dólares mes, a una escala creciente de $ 980, 1.104, 1.440  a 1.920, para cubrir las escalas de asistente, agregado. asociado y titular.

No se pueden ignorar las limitaciones financieras, ni  los lineamientos legales, incluso constitucionales, pero las instituciones  deben administrar sus propios "planes de negocios" y presupuestos sustentables, rompiendo la centralización "anti-autonómica". Advirtiendo que, si bien existen "fantasías justicieras" de deudas impagables de miles de millones de dólares, el ajuste del salario mínimo y la transformación de bonos en salario real es ineludible y urgente.

Tenemos claro que sin Ciencia no hay Reindustrialización.  La fuga de cerebros no se detendrá con discursos. El éxodo de profesores ha debilitado el tejido mismo de la nación. Esta propuesta de reparación no es un privilegio para una élite, sino una inversión necesaria. Si Venezuela aspira a una reindustrialización real y a un modelo de crecimiento con inclusión, debe empezar por pagarle a quienes forman el talento humano del mañana. Hay que preparar a cientos de miles de trabajadores y estudiantes a actualizar sus competencias y certificarlas, has que cambiar el esquema para adoptar nuevos esquemas epistemológicos, entrar en la era de las transformaciones digitales, en formar para el trabajo creativo para las empresas que reconstruirán al país, Es hora de pasar del "rebusque" y la "contribución voluntaria" a un sistema de mérito, transparencia y dignidad.

 La universidad no puede seguir financiando al Estado con la miseria de sus claustros.

 

 

 

sábado, 9 de mayo de 2026

POLÍTICA LABORAL CRÍTICA PARA EL SECTOR UNIVERSITARIO

 


La situación socioeconómica de la comunidad docente, investigación y de servicios del sector universitario se hace cada vez más crítica. Los sueldos y salarios han sido reducidos a niveles de indigencia, con más de tres años sin ajustes, lo que ha llevado a la pérdida del patrimonio familiar y de la seguridad social de los universitarios.  Se ha denunciado hasta la saciedad el incumplimiento de las normativas de homologación, incremento de sueldos y salarios, la revisión de las convenciones colectivas, y discusión de nuevas contrataciones colectivas en contravención de convenios internacionales. La hiperinflación ha destruido los ahorros de los trabajadores y ha afectado gravemente los derechos laborales, y los sistemas de previsión social. 

Todos sabemos que  esta problemática no será resuelta por el régimen que ha adoptado la política laboral de someter al personal universitario y reducirlos por hambre, induciendo  lineamientos socialistas, cuyo objetivo ha sido el de eliminar la clase media que, por cierto, emigra en masa entre los cuales, algo más de la mitad, son egresados universitarios. El país está sujeto  a restricciones económicas salariales importantes  y se ha impuesto la remuneración más baja en docentes y trabajadores en general por debajo de la clase popular.  Esta situación por diseño, no va a cambiar dado que los objetivos del régimen son las de ejercer un control integral de los educadores y anularlos como, masa crítica y beligerante; de tal manera, indujo la ruptura de la meritocracia, sustituyéndola por una  tabla rasa salarial de menos de diez dólares mes; repetimos, no cambiará y, los recientes anuncios populistas y demagógicos del régimen son de un aumento del ingreso, obviamente convenientemente cínica cuyo anuncio se refiere no a sueldos y salarios sino a través de lo que llaman bonos, que solo son un subterfugio sin incidencias laborales, eliminando el concepto de prestaciones sociales.

No se espera en ninguna circunstancia un cambio de estrategia, por lo tanto, la única manera de formular y llevar a cabo otra política en beneficio de la clase trabajadora y muy especialmente la universitaria, es la de, cambiar el modelo político por otro, que contribuiría a resolver  el tema de la recuperación del salario real, el respeto a la libertad gremial y, el ajuste necesario, con un enfoque centrado en la mejora de las condiciones de vida de los universitarios, acompañada y enfatizando la necesidad de respetar la autonomía universitaria y los derechos de los trabajadores, incluyendo, jubilados y pensionados. Todo ello, dentro del marco legal basado en  un plan de corto plazo y, lograr la participación de los  universitarios en un sector de alta productividad y desarrollo. Los trabajadores administrativos, personal de servicio, técnicos, auxiliares docentes, profesores y estudiantes de las universidades venezolanas, están desarrollando una política de reclamo frente a la emergencia humanitaria desatada. cuya complejidad presenta los obstáculos impuestos por el régimen, los cuales se han  sustentado en la violación de derechos constitucionales, de los  convenios nacionales e  internacionales. Frente a ello, la autocracia en el poder se burla del  marco jurídico, provocando conscientemente que la población se reduzca a  niveles de pobreza extrema tal y como se observan en los estudios al respecto. Esta situación, ha sido denunciada ante la OIT con una queja formal contra el gobierno de Venezuela e indirectamente inclusiva en la corte CPI. 

El resultado de la política en cuestión ha conducido paulatinamente a la  pulverización continuada de los ingresos por años y su efecto ha sido la pérdida del patrimonio familiar y, de la seguridad social. Hemos pasado de una situación de vida de cierta calidad a la ausencia de apoyo del mantenimiento de la  salud y, la respuesta ha sido, el ejercicio del poder autocrático, amenazas, persecución y cárcel. Los escasos ahorros, aportes a los fondos de financiamiento, y a los  institutos de previsión social desaparecieron, igualmente, los activos particulares de cada universitario se han subastado, expropiados, vendidos o perdidos para subsistir; las deudas nos acogotan y, ya ni comer adecuadamente se puede, todo se ha pulverizado. Con la centralización del presupuesto universitario por parte del Ejecutivo Nacional, se ha ido haciendo cada vez más difícil que las universidades mantengan su operatividad, todo se hace por apariencia, sin calidad, con maquillajes de la infraestructura donde las instituciones son visibles, en otros lugares, especialmente en el oriente del país, se observa la destrucción de la infraestructura universitaria como símbolo malévolo de poder. Al centralizar la administración en un Ministerio, la universidad se transmuta a una función de cajero o de trámites inútiles, igualmente, las retenciones para la seguridad social casi alcanzan al ingreso mensual y  se pierden en un laberinto. Sin discriminación, consulta o alcance reglamentario, se nos somete a los designios oficiales a la “contratación” de una Aseguradora Privada, para atender las contingencias médicas cuya  calidad del servicio prestado atenta contra la vida del trabajador: al mismo tiempo, se desarticularon y debilitaron los Institutos de Previsión Profesoral (IPP) y los programas de HCM de las distintas universidades. Se cerraron los Fondos de jubilaciones y pensiones sin derecho a explicaciones formales, y el régimen, despliega su chantaje acompañado de la amenaza policial para algunas instituciones universitarias y potencia el hostigamiento contra profesores, estudiantes, coartando de paso  el derecho de protesta gremios y sindicatos.

Para la recuperación del salario real y pago de las deudas laborales, es necesario definir un nuevo instrumento de convenimiento y, el reconocimiento de la deuda social por salarios, causada por la violación de las normas de homologación, de las convenciones colectivas, el respeto a la libertad sindical, y la progresividad de sus derechos. Es aspiración máxima en las actuales circunstancias, de una discusión retomando como  método la fijación del salario mínimo y, retomar a partir de ahí, con las adecuadas escalas meritocráticas por competencias para las revisiones de las normas de ascenso. La meta es alcanzar, con sucesivos ajustes de acuerdo con el comportamiento de la economía nacional mediante, ingresos  ajustados a los requerimientos y al desarrollo de las actividades propias del sector universitario.

Los universitarios no vamos a renunciar a nuestras demandas salariales, pero tampoco centrar la lucha en ese solo aspecto, sino en la necesidad  urgente de cambiar el modelo político y  dar respuestas al  sector de forma inmediata, usando el debate, la presión de calle y, el derecho a la libertad democrática del país los cuales deben estar, perfectamente alineados con la necesidad de transformación del sistema universitario y, de la educación en general, en un entorno de libertad y democracia;  mejorar los planes de seguridad social, tales como el derecho a la atención médica, y sustentar sus operaciones en un Fondo de Contingencia médica orientados a financiar los siniestros que excedan las pólizas de seguro médico dependientes de los Institutos de previsión, incluyendo el rescate de los recursos apropiados  de los fondos de jubilados (disueltos) como contribución absoluta y necesaria para potenciar financieramente al fondo de contingencia aludido. Se requiere mucha presión para cumplir con los Beneficios Contractuales, sustentados en la preservación de la autonomía universitaria ratificando que las Universidades Nacionales no son consideradas entes adscritos ni, dependientes del MPPEU, sino que son Instituciones de gestión pública corporativa de derecho público, siendo equiparadas por la Jurisprudencia, a los entes descentralizados funcionalmente al servicio de la Nación. El sistema de SS lo mantienen  los Institutos de previsión social, creados en las universidades, que no disponen, de un  presupuesto que el gobierno programaba para cada Universidad y que proporcionó uno de los sistemas de salud más eficientes del país; pero ellos tienden a desaparecer por agotamiento financiero y la carga de sus gastos. Se  pagan las citas médicas, las consultas especializadas y, por supuesto. los gastos derivados de las consecuencias del deterioro de la salud cuyas intervenciones son redirigidas a clínicas afiliadas cuyos avales no llegan a quinientos dólares. El resto como diferencial monetario vaya usted a saber cómo cancelarlo, es decir, si no se cubren los riesgos se obliga a pagar al  afiliado, quien se las ve negra, enfrenta la ruina  la potencial muerte, o mediante, la ya frecuente política de solicitar y mendigar  la contribución de amigos, relacionados y colegas mediante súplicas públicas.