La situación socioeconómica de la comunidad docente,
investigación y de servicios del sector universitario se hace cada vez más
crítica. Los sueldos y salarios han sido reducidos a niveles de
indigencia, con más de tres años sin ajustes, lo que ha llevado a la pérdida
del patrimonio familiar y de la seguridad social de los universitarios.
Se ha denunciado hasta la saciedad el incumplimiento de las normativas de
homologación, incremento de sueldos y salarios, la revisión de las convenciones
colectivas, y discusión de nuevas contrataciones colectivas en contravención de
convenios internacionales. La hiperinflación ha destruido los ahorros de los
trabajadores y ha afectado gravemente los derechos laborales, y los sistemas de
previsión social.
Todos sabemos que esta problemática no será resuelta
por el régimen que ha adoptado la política laboral de someter al personal
universitario y reducirlos por hambre, induciendo lineamientos
socialistas, cuyo objetivo ha sido el de eliminar la clase media que, por
cierto, emigra en masa entre los cuales, algo más de la mitad, son egresados
universitarios. El país está sujeto a restricciones económicas salariales
importantes y se ha impuesto la remuneración más baja en docentes y trabajadores
en general por debajo de la clase popular. Esta situación por diseño, no
va a cambiar dado que los objetivos del régimen son las de ejercer un control
integral de los educadores y anularlos como, masa crítica y beligerante; de tal
manera, indujo la ruptura de la meritocracia, sustituyéndola por una
tabla rasa salarial de menos de diez dólares mes; repetimos, no cambiará y, los
recientes anuncios populistas y demagógicos del régimen son de un aumento del
ingreso, obviamente convenientemente cínica cuyo anuncio se refiere no a
sueldos y salarios sino a través de lo que llaman bonos, que solo son un
subterfugio sin incidencias laborales, eliminando el concepto de prestaciones
sociales.
No se espera en ninguna circunstancia un cambio de
estrategia, por lo tanto, la única manera de formular y llevar a cabo otra
política en beneficio de la clase trabajadora y muy especialmente la
universitaria, es la de, cambiar el modelo político por otro, que contribuiría
a resolver el tema de la recuperación del salario real, el respeto a la
libertad gremial y, el ajuste necesario, con un enfoque centrado en la mejora
de las condiciones de vida de los universitarios, acompañada y enfatizando la necesidad
de respetar la autonomía universitaria y los derechos de los trabajadores,
incluyendo, jubilados y pensionados. Todo ello, dentro del marco legal basado
en un plan de corto plazo y, lograr la participación de los
universitarios en un sector de alta productividad y desarrollo. Los
trabajadores administrativos, personal de servicio, técnicos, auxiliares
docentes, profesores y estudiantes de las universidades venezolanas, están
desarrollando una política de reclamo frente a la emergencia humanitaria
desatada. cuya complejidad presenta los obstáculos impuestos por el régimen,
los cuales se han sustentado en la violación de derechos
constitucionales, de los convenios nacionales e internacionales.
Frente a ello, la autocracia en el poder se burla del marco jurídico,
provocando conscientemente que la población se reduzca a niveles de
pobreza extrema tal y como se observan en los estudios al respecto. Esta
situación, ha sido denunciada ante la OIT con una queja formal contra el gobierno
de Venezuela e indirectamente inclusiva en la corte CPI.
El resultado de la política en cuestión ha conducido
paulatinamente a la pulverización continuada de los ingresos por años y
su efecto ha sido la pérdida del patrimonio familiar y, de la seguridad
social. Hemos pasado de una situación de vida de cierta calidad a la
ausencia de apoyo del mantenimiento de la salud y, la respuesta ha sido,
el ejercicio del poder autocrático, amenazas, persecución y cárcel. Los escasos
ahorros, aportes a los fondos de financiamiento, y a los institutos de
previsión social desaparecieron, igualmente, los activos particulares de cada
universitario se han subastado, expropiados, vendidos o perdidos para
subsistir; las deudas nos acogotan y, ya ni comer adecuadamente se puede, todo
se ha pulverizado. Con la centralización del presupuesto universitario por
parte del Ejecutivo Nacional, se ha ido haciendo cada vez más difícil que las
universidades mantengan su operatividad, todo se hace por apariencia, sin
calidad, con maquillajes de la infraestructura donde las instituciones son visibles,
en otros lugares, especialmente en el oriente del país, se observa la
destrucción de la infraestructura universitaria como símbolo malévolo de poder.
Al centralizar la administración en un Ministerio, la universidad se transmuta
a una función de cajero o de trámites inútiles, igualmente, las retenciones
para la seguridad social casi alcanzan al ingreso mensual y se pierden en
un laberinto. Sin discriminación, consulta o alcance reglamentario, se nos
somete a los designios oficiales a la “contratación” de una Aseguradora
Privada, para atender las contingencias médicas cuya calidad del servicio
prestado atenta contra la vida del trabajador: al mismo tiempo, se
desarticularon y debilitaron los Institutos de Previsión Profesoral (IPP) y los
programas de HCM de las distintas universidades. Se cerraron los Fondos de
jubilaciones y pensiones sin derecho a explicaciones formales, y el régimen,
despliega su chantaje acompañado de la amenaza policial para algunas
instituciones universitarias y potencia el hostigamiento contra profesores,
estudiantes, coartando de paso el derecho de protesta gremios y
sindicatos.
Para la recuperación del salario real y pago de las deudas
laborales, es necesario definir un nuevo instrumento de convenimiento y, el
reconocimiento de la deuda social por salarios, causada por la violación de las
normas de homologación, de las convenciones colectivas, el respeto a la
libertad sindical, y la progresividad de sus derechos. Es aspiración máxima en
las actuales circunstancias, de una discusión retomando como método la
fijación del salario mínimo y, retomar a partir de ahí, con las adecuadas escalas
meritocráticas por competencias para las revisiones de las normas de ascenso.
La meta es alcanzar, con sucesivos ajustes de acuerdo con el comportamiento de
la economía nacional mediante, ingresos ajustados a los requerimientos y
al desarrollo de las actividades propias del sector universitario.
Los universitarios no vamos a renunciar a nuestras demandas
salariales, pero tampoco centrar la lucha en ese solo aspecto, sino en la
necesidad urgente de cambiar el modelo político y dar respuestas
al sector de forma inmediata, usando el debate, la presión de calle y, el
derecho a la libertad democrática del país los cuales deben estar,
perfectamente alineados con la necesidad de transformación del sistema
universitario y, de la educación en general, en un entorno de libertad y democracia;
mejorar los planes de seguridad social, tales como el derecho a la atención
médica, y sustentar sus operaciones en un Fondo de Contingencia médica
orientados a financiar los siniestros que excedan las pólizas de seguro médico
dependientes de los Institutos de previsión, incluyendo el rescate de los
recursos apropiados de los fondos de jubilados (disueltos) como
contribución absoluta y necesaria para potenciar financieramente al fondo de
contingencia aludido. Se requiere mucha presión para cumplir con los Beneficios
Contractuales, sustentados en la preservación de la autonomía universitaria
ratificando que las Universidades Nacionales no son consideradas entes
adscritos ni, dependientes del MPPEU, sino que son Instituciones de gestión
pública corporativa de derecho público, siendo equiparadas por la
Jurisprudencia, a los entes descentralizados funcionalmente al servicio de la
Nación. El sistema de SS lo mantienen los Institutos de previsión social,
creados en las universidades, que no disponen, de un presupuesto que el
gobierno programaba para cada Universidad y que proporcionó uno de los sistemas
de salud más eficientes del país; pero ellos tienden a desaparecer por
agotamiento financiero y la carga de sus gastos. Se pagan las citas
médicas, las consultas especializadas y, por supuesto. los gastos derivados de
las consecuencias del deterioro de la salud cuyas intervenciones son
redirigidas a clínicas afiliadas cuyos avales no llegan a quinientos dólares.
El resto como diferencial monetario vaya usted a saber cómo cancelarlo, es
decir, si no se cubren los riesgos se obliga a pagar al afiliado, quien
se las ve negra, enfrenta la ruina la potencial muerte, o mediante, la ya
frecuente política de solicitar y mendigar la contribución de amigos,
relacionados y colegas mediante súplicas públicas.
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